El Reino Unido acaba de publicar las primeras cuentas de Great British Energy, la empresa pública de energía que creó en 2024 el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer, con 8.300 millones de libras comprometidos para esta legislatura. Los números son de manual. Hasta marzo de 2026 la empresa gastó 14,2 millones de libras en funcionar: 7,9 millones en sueldos y 3,8 millones en consultores y abogados. Ingresó 62.000 libras. Su primera inversión, una participación en un parque eólico flotante en Escocia, figura en el balance por 5,8 millones. El consejero delegado cobró entre 385.000 y 390.000 libras, con un bonus por desempeño de entre 85.000 y 90.000. He fundado muchas empresas y sé lo que cuesta arrancar. Si una startup mía gastara 14 millones, ingresara 62.000 y le pagara un bonus al jefe, los inversores la cerrarían al día siguiente. En una empresa pública el inversor es el contribuyente, y al contribuyente nadie le pregunta. ¿Por qué importa en España? Porque en septiembre Podemos llevó al Congreso la creación de una empresa pública de energía, Sumar la votó a favor y el PSOE se abstuvo. Sumar, que hoy se presenta dentro del Frente Amplio, la propone desde su programa de 2023. A seis semanas del 29N conviene saber cómo terminan estos experimentos. En Argentina ya lo vivimos. El expresidente Néstor Kirchner creó ENARSA en 2004 y, según el propio Gobierno, durante años necesitó transferencias millonarias del Tesoro sin lograr ni buen servicio ni buena administración. Milei la incluyó en la Ley Bases y hoy se está privatizando. La energía barata sale de la competencia. Cada empresa pública suma otro sueldo que paga el que enciende la luz.