Lo que estamos viendo en el Ministerio de Justicia es una sucesión de errores que, en vez de aclarar la situación, la hacen cada vez más grave. Primero, el gobierno rebaja las penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Después, cuando estalla la polémica, intenta justificar la decisión diciendo que estaba obligado por la Corte Suprema. Pero la propia presidenta de la Corte ha sido clara en señalar que fueron decretos dictados por el ministro de Justicia. Luego, el gobierno anuncia que va a suspender estas tramitaciones. Y ahora, en medio de la controversia, aparece una abogada recién titulada, contratada por el propio Ministerio, en el centro de la revisión de estas solicitudes. Pero la responsabilidad política no se puede descargar en una funcionaria: es de quienes organizaron el procedimiento y, sobre todo, de quien firmó los decretos. Y mientras el vocero Arenas intenta desesperadamente empatar con la administración anterior (como lo ha hecho insistentemente este gobierno), aparece un exministro de su propio sector recordando que, cuando enfrentó un caso de estas características, primero rechazó la rebaja y después la concedió porque un tribunal se lo ordenó. Cada vez que el gobierno intenta cerrar esta discusión, aparecen nuevos antecedentes que hacen más difícil sostener su versión. Esto es una vergüenza. Es insostenible la permanencia tanto del ministro Rabat como del subsecretario Luis Silva. Ambos visaron los decretos.