Al hilo de la imputación de Oscar Pierre por un “delito contra los derechos de los trabajadores”, voy a aclarar que, a mi juicio, el mayor delincuente contra los derechos de los trabajadores es el Gobierno que extrae, sólo en cotizaciones de SS, el 28,5% del salario que el empresario paga por contratar un trabajador. [Nota: Un salario bruto de 100 equivale a un salario real -lo que paga el empresario- de 130, del que la SS extrae 30 al empresario y 7 al trabajador. 37/130 = 28,5%. O sea que, aunque el Gobierno te venda que el perceptor del SMI no paga IRPF, todo salario en este país (incluso el SMI) soporta, como mínimo, una carga fiscal del 28,5%] Un 28,5% de su salario que no pertenece al trabajador, que no se incorpora a un fondo del cual cobrará su futura pensión. O sea, que el Gobierno no custodia ese dinero por cuenta del trabajador, para que, cuando se jubile, el trabajador pueda recuperar esa parte de su salario (más los rendimientos generados) en forma de pensión de jubilación (lo que pasaría en caso de que tuviéramos un “sistema de capitalización” totalmente sostenible). Por el contrario, el Gobierno utiliza ese 28,5% del salario del trabajador para pagar las pensiones de jubilación de los actuales jubilados. Por lo que el trabajador (en especial el joven que no podrá jubilarse hasta dentro de varias décadas) sólo puede confiar en que, cuando a él le toque jubilarse, el Gobierno (que no será el actual, sino al que le toque lidiar con este tema en el futuro) pueda garantizarle el mismo trato y haya otros trabajadores a los que pueda seguir extrayendo una parte (creciente) de su salario para pagarle la pensión (que es como funciona el “sistema de reparto” español, totalmente insostenible). O sea, que el trabajador tiene que confirmar en que un Gobierno futuro (cuyos líderes ni siquiera conocen) cumpla su parte del trato, con el agravante de que, al no tratarse de un contrato como tal, el Gobierno/Estado podrá modificarlo discrecionalmente, sin consentimiento de la contraparte, mediante el uso de su poder legislativo. Y, salvo que se produzca un milagro económico en España (cosa que no parece a tenor de las subidas masivas de impuestos -entre otras cosas, para pagar prestaciones de jubilación-), las pensiones (que suponen 40%+ del gasto público -y subiendo-) tendrán que ajustarse más pronto que tarde. Dichosos los jóvenes que cobren pensiones dignas cuando se jubilen. Y todo ello se agrava con: • Un sistema de pensiones extremadamente generoso, donde (a diferencia del trabajador) el Gobierno garantiza por ley, cada, año el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la indexación al IPC; y con una de las tasas de sustitución (porcentaje que representa la pensión respecto al último salario) más altas del mundo (80% vs, por ejemplo, el 50% de Alemania). • Una pirámide demográfica invertida (menos nacimientos y mayor esperanza de vida), donde los aportantes (forzosos) al esquema (trabajadares) son cada vez menos, en comparación con los que extraen beneficios del mismo (jubilados), hasta el punto de que cada año el Gobierno tiene que cubrir el déficit que genera el sistema con aportaciones de otras partidas de los PGE (€40.000M a fondo perdido y €10.000M en préstamos sólo en 2023).