Volví a revisar los 66 pedidos de facultades y los ordené por criterio de urgencia y de instrumento. No para decir que sobran, sino para decir en qué orden deberían salir. Lo primero: El Niño y seguridad, que son las dos urgencias que el Gobierno declaró. Estos suman pedidos 31 de 66. El bloque penal completo, que son doce e incluyen extorsión, sicariato, geolocalización, régimen penitenciario y migratorio. Inteligencia y DINI. Trazabilidad minera y pesca ilegal. Recursos hídricos y obras hidráulicas. Autorizar a INDECI a entregar ayuda directa los primeros quince días. Obras por Impuestos para gestión de desastres. Bonos de vivienda para damnificados. Todo eso es reserva de ley y no tiene atajo. Debería aprobarse primero. Lo segundo: hay cosas que no son seguridad ni El Niño, y son igual de urgentes. Los topes a las tasas de la Ley 31143, que llevan años expulsando gente del crédito formal. El Código Tributario y los regímenes simplificados. La Ley General de Sociedades y la sociedad simplificada, que es lo que más abarata formalizar. Los incentivos a la formalización laboral. Los bonos de productividad no remunerativos. El factoring para mypes. La meritocracia en el servicio civil. Nada de eso se hace sin ley y nada de eso aguanta el trámite ordinario de dos años. Lo tercero: hay cosas importantes que sí aguantan. Hidrocarburos. Electricidad y renovables. Turismo y comercio exterior. Asociaciones público privadas. Finanzas abiertas. El reordenamiento de feriados. La derogación de la Ley del Colegio de Artistas. Son buenas iniciativas, pero meterlas en un pedido marcado «muy urgente» le regala al Congreso el argumento para observar el conjunto. Que vayan como proyectos de ley, en un segundo momento. Y lo cuarto, que es lo que más me llama la atención: hay pedidos que no necesitan delegación en absoluto. Estandarizar trámites para todo el país ya lo permite el artículo 41 de la Ley 27444, y se usó en el 2019. Consolidar la calidad regulatoria ya está en el Decreto Legislativo 1310. Cobrar derechos de trámite según costo real ya lo manda el artículo 45 de la misma ley. La vigencia de los certificados de seguridad en edificaciones está en un reglamento que es decreto supremo. El enfoque preventivo en la inspección laboral está en el reglamento de la Ley 28806. El procedimiento registral acelerado para vivienda social se aprueba en Sunarp. Pedir facultades para eso no es un error menor. Amarra al calendario del Congreso cosas que podrían estar firmadas este mes, y da la impresión de que sin delegación no se puede gobernar. Mi propuesta es simple. Que el Ejecutivo concentre el pedido en lo importante y urgente, sin abrirlo a lo que cada bancada quiera meterle. Que retire lo que puede firmar solo y lo firme. Que deje lo importante y no urgente para una segunda tanda. Y que para El Niño no espere los decretos legislativos: el ENFEN proyecta magnitud fuerte entre diciembre y marzo, y si las facultades salen en octubre los 120 días vencen en febrero. Esa cuenta se paga en noviembre, con presupuesto y contrataciones, no con normas. Sé que lo óptimo sería que la Cámara de Diputados apruebe el paquete completo y a tiempo. Pero no escribo sobre el escenario óptimo. El pedido lleva semanas rebotando entre comisiones, entró observado por un defecto de forma y hay más de ocho comisiones opinando sobre lo mismo. Ese trámite no es casualidad: a un Congreso siempre le incomoda entregar la facultad de legislar, y a este en particular parece incomodarle bastante. Por eso propongo priorizar. Un paquete más chico se aprueba más rápido y se defiende mejor. Un paquete de 66 se discute entero y se atrasa entero. Y mientras se discute, el tiempo sigue pasando. @presidenciaperu @pcmperu @congresoperu @MEF_Peru