Rodrigo de la Rosa

Tal parece que al Ejecutivo Estatal la garantía del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales es un asunto más que menor. El 16 de octubre de 2025 se publicó el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la reforma constitucional que modificó el modelo para garantizar esos derechos, armonizándolo con la Constitución federal (apiperiodico.jalisco.gob.mx/…) El Congreso del Estado, en el Decreto de reforma Constitucional promulgado, se autoimpuso 90 días para “realizar las reformas a las leyes que se requieran” (Artículo Segundo Transitorio del Decreto 29842/LXIV/25. El 15 de julio de 2026, el Congreso del Estado de Jalisco expidió la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco; así como modifican diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Código Electoral, todos del estado de Jalisco; así como la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Jalisco. Los respectivos dictámenes fueron entregados al Ejecutivo Estatal el 17 de julio, o sea casi 48 horas después de su aprobación. El tiempo constitucional para observarlos venció, y a la fecha no se han promulgado ni publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” para su entrada en vigor. Las y los jaliscienses estamos como el “perro de las dos tortas”. Una ley vigente que no se puede aplicar en su integralidad, y una ley aprobada que al no estar promulgada, no se puede aplicar. En el “limbo” la garantía integral del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Ahora, para medirle más el “agua a los camotes”, en su iniciativa de Presupuesto de Egresos entregada al Congreso del Estado este 30 de noviembre, muestra por escrito que la operación del nuevo modelo de acceso a la información y protección de datos personales por lo que corresponde a la Autoridad Garante Estatal (o sea él a través de la Contraloría del Estado, como establece la Constitución federal desde diciembre de 2024 y en Jalisco desde octubre de 2025), queda para después, para 2027, sin precisar cuándo. Si definiera cuándo publica las nuevas leyes, estas ya le marcarían plazos (ver los transitorios de las mismas: infolej.congresojal.gob.mx/d… infolej.congresojal.gob.mx/d…) En el segundo párrafo del artículo Cuarto Transitorio de su iniciativa de Presupuesto de Egresos lo deja para después: “Derivado de la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), en términos de lo establecido en el Decreto 29842/LXIV/25, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco; publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 16 de octubre de 2025, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública y en coordinación con la Secretaría de Administración en el marco de sus respectivas atribuciones, para llevar a cabo las adecuaciones presupuestaria necesarias que garanticen el funcionamiento de la Contraloría del Estado en su calidad de Autoridad Garante Local, dotándola de los recursos humanos, materiales y financieros idóneos y necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y fines.” (sic) Conclusión: Un “veto de bolsillo” que conculca derechos fundamentales