sam killed it ngl

haters of super intelligence will say this is AI.

Siguiendo el tema de la simplificación del Estado. Ahora sobre informalidad y sobre el costo de ser formal. El dato que se repite es que el 69,8% de los que trabajan en el Perú lo hace de manera informal. El que casi no se usa, y explica bastante más, es la distribución por tamaño de empresa: 88,3% de informalidad en empresas de uno a diez trabajadores, 43,9% entre once y cincuenta, 15,3% en las de más de cincuenta. Son datos del INEI para el año móvil que cierra en marzo de este año. Leído así, el problema se ubica mejor. La informalidad peruana es, en lo esencial, un fenómeno de empresas pequeñas. Y sobre una empresa pequeña recaen dos costos distintos, que conviene separar porque tienen origen distinto y solución distinta. El primero es el costo del beneficio laboral. CTS, gratificaciones, vacaciones de treinta días, asignación familiar, utilidades, aporte a EsSalud, indemnización por despido. Todo está fijado en leyes, y el aporte a EsSalud está además protegido por la reserva tributaria del artículo 74 de la Constitución. Ningún decreto supremo los modifica. Conviene decirlo con precisión: ese costo lo genera el Congreso, no el Ejecutivo. YY la tendencia es que ese costo crezca. Aprobar un beneficio laboral da rédito político inmediato y su costo lo asume un tercero, la empresa, que no participa en la votación. El incentivo del legislador apunta siempre en la misma dirección. Si alguien quiere discutir el paquete laboral peruano, esa discusión es en el Congreso y debe darse de frente. No es materia de reglamento y no la va a resolver ninguna firma del Ejecutivo. El segundo es el costo de cumplir, que es otra cosa y del que casi no se habla. Es el tiempo y el dinero que un negocio destina a tramitar, reportar, ser inspeccionado y volver a tramitar. Ese costo está mayoritariamente en reglamentos, TUPAs y directivas. Un ejemplo de lo que significa en la práctica. Un local formal puede recibir la inspección de seguridad en edificaciones de la municipalidad, la de seguridad y salud en el trabajo de Sunafil, la sanitaria de Digesa o del gobierno regional, y la del sector que le corresponda, además de los trámites municipales de licencia, anuncios y compatibilidad de uso. Cada entidad con su criterio, su acta y su escala de multas. No existe un expediente que consolide eso ni una regla que impida que tres entidades revisen lo mismo con parámetros distintos. Hay una herramienta para corregirlo y está poco usada. El artículo 41 de la Ley del Procedimiento Administrativo General permite que la PCM apruebe por decreto supremo procedimientos administrativos estandarizados, con requisitos y plazos máximos, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del país, municipalidades incluidas, que los incorporan a su TUPA sin necesidad de aprobación de nadie más. Se usó bien una vez. El Decreto Supremo 045-2019-PCM estandarizó diez procedimientos de licencia de funcionamiento, eliminó las diferencias de requisitos, plazos y costos entre distritos, clasificó los locales por nivel de riesgo en lugar de por metros cuadrados y les aplicó silencio administrativo positivo. Luego se sumaron las bodegas y las inspecciones de seguridad en edificaciones. De ahí no pasó. Lo que faltaría hacer, con el mismo instrumento y sin ley: Extender la estandarización a los trámites que todavía varían de distrito en distrito: compatibilidad de uso, anuncios publicitarios, licencias de edificación. Consolidar las inspecciones. Un mismo establecimiento debería recibir una inspección integrada, con expediente único y criterios comunes entre las entidades que concurren sobre él. Integrar la constitución de la empresa, el RUC y la licencia municipal en un solo trámite en línea. Activar a Indecopi de oficio contra las entidades que exigen más de lo que la ley permite, facultad que el Decreto Legislativo 1256 le entregó en 2016. Cumplir el Decreto Legislativo 1246, que desde 2016 prohíbe exigirle al administrado documentos que el propio Estado emitió. Ninguna de estas medidas reduce un derecho laboral ni un estándar de seguridad. Reducen el costo administrativo de cumplirlos, que es una discusión distinta. Y una advertencia para no sobrevender el punto: esto no resuelve la informalidad. La escalera por tamaño de empresa indica que el factor determinante es la productividad, y la productividad no se decreta. Pero explica una parte del margen, y es justamente la parte que el Ejecutivo puede mover solo, ahora y sin pedirle permiso a nadie. @pcmperu @presidenciaperu @congresoperu @MEF_Peru @IndecopiOficial @presidenciaperu @KeikoFujimori

Volví a revisar los 66 pedidos de facultades y los ordené por criterio de urgencia y de instrumento. No para decir que sobran, sino para decir en qué orden deberían salir. Lo primero: El Niño y seguridad, que son las dos urgencias que el Gobierno declaró. Estos suman pedidos 31 de 66. El bloque penal completo, que son doce e incluyen extorsión, sicariato, geolocalización, régimen penitenciario y migratorio. Inteligencia y DINI. Trazabilidad minera y pesca ilegal. Recursos hídricos y obras hidráulicas. Autorizar a INDECI a entregar ayuda directa los primeros quince días. Obras por Impuestos para gestión de desastres. Bonos de vivienda para damnificados. Todo eso es reserva de ley y no tiene atajo. Debería aprobarse primero. Lo segundo: hay cosas que no son seguridad ni El Niño, y son igual de urgentes. Los topes a las tasas de la Ley 31143, que llevan años expulsando gente del crédito formal. El Código Tributario y los regímenes simplificados. La Ley General de Sociedades y la sociedad simplificada, que es lo que más abarata formalizar. Los incentivos a la formalización laboral. Los bonos de productividad no remunerativos. El factoring para mypes. La meritocracia en el servicio civil. Nada de eso se hace sin ley y nada de eso aguanta el trámite ordinario de dos años. Lo tercero: hay cosas importantes que sí aguantan. Hidrocarburos. Electricidad y renovables. Turismo y comercio exterior. Asociaciones público privadas. Finanzas abiertas. El reordenamiento de feriados. La derogación de la Ley del Colegio de Artistas. Son buenas iniciativas, pero meterlas en un pedido marcado «muy urgente» le regala al Congreso el argumento para observar el conjunto. Que vayan como proyectos de ley, en un segundo momento. Y lo cuarto, que es lo que más me llama la atención: hay pedidos que no necesitan delegación en absoluto. Estandarizar trámites para todo el país ya lo permite el artículo 41 de la Ley 27444, y se usó en el 2019. Consolidar la calidad regulatoria ya está en el Decreto Legislativo 1310. Cobrar derechos de trámite según costo real ya lo manda el artículo 45 de la misma ley. La vigencia de los certificados de seguridad en edificaciones está en un reglamento que es decreto supremo. El enfoque preventivo en la inspección laboral está en el reglamento de la Ley 28806. El procedimiento registral acelerado para vivienda social se aprueba en Sunarp. Pedir facultades para eso no es un error menor. Amarra al calendario del Congreso cosas que podrían estar firmadas este mes, y da la impresión de que sin delegación no se puede gobernar. Mi propuesta es simple. Que el Ejecutivo concentre el pedido en lo importante y urgente, sin abrirlo a lo que cada bancada quiera meterle. Que retire lo que puede firmar solo y lo firme. Que deje lo importante y no urgente para una segunda tanda. Y que para El Niño no espere los decretos legislativos: el ENFEN proyecta magnitud fuerte entre diciembre y marzo, y si las facultades salen en octubre los 120 días vencen en febrero. Esa cuenta se paga en noviembre, con presupuesto y contrataciones, no con normas. Sé que lo óptimo sería que la Cámara de Diputados apruebe el paquete completo y a tiempo. Pero no escribo sobre el escenario óptimo. El pedido lleva semanas rebotando entre comisiones, entró observado por un defecto de forma y hay más de ocho comisiones opinando sobre lo mismo. Ese trámite no es casualidad: a un Congreso siempre le incomoda entregar la facultad de legislar, y a este en particular parece incomodarle bastante. Por eso propongo priorizar. Un paquete más chico se aprueba más rápido y se defiende mejor. Un paquete de 66 se discute entero y se atrasa entero. Y mientras se discute, el tiempo sigue pasando. @presidenciaperu @pcmperu @congresoperu @MEF_Peru