Percy Castillo

Sobre la responsabilidad de los adultos que se encontraban en el bus que trasladaba a los estudiantes del colegio Liceo Naval: Se trata de tres adultos: un profesor, un entrenador y un conductor. En principio, se tendrá que determinar qué condición laboral tienen estas tres personas con el Liceo Naval. Ello es relevante para saber si pueden entrar a la categoría de servidores públicos. El Código Penal peruano contempla que la condición de funcionario o servidor público agrava la responsabilidad penal frente a la comisión de un delito (por acción u omisión). Ello está previsto en el artículo 46-A: “Circunstancia agravante por condición del sujeto activo”. No obstante, no basta con que una persona sea servidor público para que automáticamente exista la agravante. Para que así sea, deben concurrir, en esencia: - Que el autor tenga la condición de autoridad, funcionario o servidor público. - Que cometa un delito. - Que se aproveche de esa condición funcional para cometerlo, o utilice determinados medios vinculados a su función. Al configurarse dicho agravante, el juez puede aumentar la pena hasta en la mitad por encima del máximo legal del delito. No obstante lo indicado, más relevante aun, que el solo hecho de ser servidores públicos, es el que los adultos, que se encontraban en el bus, tenían la condición de garantes. El artículo 13 del Código Penal peruano, referido a la omisión impropia, establece, en esencia, que quien omite impedir la realización de un hecho punible será sancionado si tenía el deber jurídico de impedirlo y si su omisión equivale, según las circunstancias, a la realización del delito. Por lo tanto, la hipótesis de un posible incumplimiento del deber de garante merece una investigación penal específica, y no debería quedar reducida a decir que “los adultos no se dieron cuenta”. En las investigaciones, la @FiscaliaPeru deberá buscar las respuestas a las siguientes interrogantes: - ¿Quién tenía asignada la vigilancia de los alumnos durante el viaje? - ¿Dónde estaba cada uno de los tres adultos? - ¿Dónde ocurrió exactamente la agresión dentro del bus? - ¿Cuánto duró? - ¿Qué distancia había entre los adultos y los estudiantes? - ¿Había gritos, golpes, movimientos, forcejeos o pedidos explícitos de auxilio? - ¿El estudiante pidió ayuda y quién pudo escucharlo? - ¿Los adultos pudieron observar directamente o indirectamente lo que sucedía? - ¿Intervino alguno? - ¿Existían antecedentes de hostigamiento o violencia contra la víctima? - ¿Existían protocolos específicos para el traslado de estudiantes? - ¿Quién era responsable de la supervisión durante el viaje? Sin embargo, es importante señalar que no todos los adultos necesariamente tienen la misma responsabilidad. Cuando se trata de materia penal, las responsabilidades son individuales. El profesor: podría tener obligaciones específicas de vigilancia y protección derivadas de su función. El entrenador: habría que determinar qué responsabilidad concreta tenía respecto de los estudiantes que integraban la delegación deportiva. El conductor: su deber funcional puede ser diferente. Que condujera el vehículo no significa automáticamente que tuviera exactamente las mismas obligaciones de supervisión que el profesor o entrenador. La fiscalía tendría que determinar qué sabía cada uno, qué podía hacer cada uno y qué estaba obligado a hacer cada uno. Ahora bien, si en las investigaciones se demuestra que los adultos del bus u otros del propio Liceo conocían previamente que existía hostigamiento, amenazas, bullying o algún riesgo concreto contra la víctima, y aun así permitieron que el grupo permaneciera sin una supervisión adecuada durante el traslado, la situación podría adquirir una dimensión mucho más seria. Por ahora, debemos exigir que las investigaciones se lleven de la mejor forma, con la reserva que amerita lo delicado del caso y la celeridad que todos queremos, ya que justicia que tarda no es justicia.