Plataforma por la Seguridad Alimentaria del Perú

Le doy toda la razón a @DeltaMdelta. PISA 2025 vuelve a encender las alertas sobre el retroceso educativo del país. Pero si la respuesta del Gobierno se limita a reestructurar el sector Educación, estaremos abordando solo una parte del problema. Aquí también tienen responsabilidad el MIDIS, a cargo de la alimentación escolar, y el MINSA, como ente rector en la lucha contra la anemia y la desnutrición. Un estudiante que llega al aula con hambre, anemia o una alimentación insuficiente parte con una desventaja que ninguna reforma curricular puede resolver por sí sola. La política educativa no puede seguir pensándose separada de la política alimentaria y nutricional.

PERÚ SIGUE OCUPANDO EL PRIMER LUGAR EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN SUDAMÉRICA Hoy se publicó el SOFI 2026, el informe mundial sobre el estado de la #SeguridadAlimentaria y la nutrición. Sus resultados vuelven a evidenciar una realidad que la política peruana no puede seguir ignorando, ya que el 33.6 % de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que representa aproximadamente 11.5 millones de personas con dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes, diversos y nutritivos. El #Perú ocupa el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con mayor inseguridad alimentaria y continúa en el primer lugar de Sudamérica. Además, el 34.8 % de la población, cerca de 12 millones de personas, no puede pagar una dieta saludable, cuyo costo diario ha aumentado a 4.45 dólares por persona. Estas cifras no responden únicamente a la falta de alimentos, sino también a la pobreza, el aumento de los precios y las desigualdades territoriales. Frente a ello, el Estado ha mantenido respuestas fragmentadas, presupuestos insuficientes y una política alimentaria centrada en la entrega de alimentos, sin enfrentar las causas estructurales del problema. No es aceptable que un país con una enorme diversidad agrícola y alimentaria continúe liderando la inseguridad alimentaria en Sudamérica, por ello el #SOFI2026 no puede terminar convertido en otro informe que se comenta durante algunos días y luego se archiva, sus resultados deben obligar al nuevo Gobierno y al próximo Congreso a priorizar la seguridad alimentaria, con decisiones concretas, presupuesto suficiente, metas verificables y responsabilidades políticas claramente establecidas. No podemos seguir administrando el hambre con asistencialismo. Garantizar una alimentación suficiente y saludable es una responsabilidad del Estado que ya no puede postergarse.