#AlertaLegal Ante la difícil situación que se vive, extraoficialmente fue dictado el Decreto nro. 5.364 publicado #EnGaceta 7.039-E acordando un “Estado de Emergencia” en el territorio nacional. Advertimos que el “Estado de Emergencia” decretado no constituye un estado de excepción, pues no fue dictado conforme a las atribuciones del art. 338 de la Constitución, sino con base en el Decreto Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (Gaceta Oficial, nro. 5557-E, del 13.11.2001). El “Estado de Emergencia” impuesto por el Ejecutivo nacional está sustentado en los artículos 34, 35 y 36 de la citada ley, que otorgan al Presidente de la República la facultad de declarar un estado de alarma o emergencia, a fin de aplicar medidas de carácter operativo y técnico orientadas a mitigar los daños y socorrer a la población afectada ante desastres. En tal sentido, al no estar fundamentado en el art. 338 de la CRBV, que exige declarar un "Estado de Alarma" para este tipo de calamidades, no es viable aplicar restricciones temporales al ejercicio de los derechos constitucionales, como está contemplado en el art. 6 del decreto presidencial. Más claramente, el decreto de Estado de Emergencia no es, como comúnmente se le llama, una “suspensión de garantías”, por lo que no puede limitarse o restringirse derechos con base al mismo. Debe indicarse, además, que ni siquiera bajo un estado de excepción, pueden las autoridades impedir la libertad de información (art. 7.14 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción LOEE), pues se ha reportado que se ha prohibido por 48 horas el acceso a las zonas afectadas a periodistas extranjeros x.com/cat_lucy1/status/20715… Por otro lado, el art. 6 de este decreto faculta al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y a la Dirección Nacional de Protección Civil a ocupar temporalmente instituciones, establecimientos públicos/privados, terrenos y áreas de propiedad privada, así como ejecutar requisiciones de bienes y servicios particulares que consideren indispensables. En ese sentido, debe indicarse que, tanto la LOEE como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, exigen la declaratoria de un estado de excepción para que hacer requisiciones, de modo que su inclusión en el decreto de Estado Emergencia lo haría inconstitucional. Al efecto, el Ejecutivo nacional tenía la obligación de decretar un "Estado de Alarma" bajo el amparo directo del art. 338 de la CRBV. Al haber optado por un "Estado de Emergencia" fundamentado en la legislación de protección civil evadió el control político de la AN y el control judicial de la Sala Constitucional, exigidos por los artículos 338 y 339 de la CRBV. Advertimos que el decreto presidencial, tratándose de un acto administrativo, no tiene la jerarquía jurídica para restringir #DDHH como el derecho a la propiedad (Art. 115 CRBV). Por otro lado, el decreto no estableció una vigencia determinada, es decir, un plazo para la ejecución de las medidas especiales que se dicten en su marco, a diferencia de lo que ocurre con un estado de excepción que, según su modalidad, tiene una vigencia determinada en la Constitución. Esta omisión es preocupante, ya que puede generar que la aplicación de este decreto sea indefinida, incluso más allá de la duración de la propia emergencia. Así las cosas, al no encuadrarse en el canal constitucional correcto, estas restricciones impuestas por el decreto carecen de cobertura constitucional. Una emergencia como la ocurrida, exige medidas extraordinarias, pero esas medidas deben dictarse en el marco constitucional y ser proporcionales a los hechos que pretende controlar. La emergencia no puede ser excusa para la arbitrariedad, por el contrario, cualquier medida al efecto ha de ser para restituir el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Lamentablemente el decreto transformó una medida de protección civil en un acto que vulnera garantías ciudadanas #JusticiaVe