El Senado argentino acaba de aprobar, 41 a 25, la media sanción de un nuevo régimen de biocombustibles: el corte obligatorio de bioetanol en las naftas sube del 12% al 15%. Ahora va a Diputados. En un país que exporta petróleo y comida, es un mal negocio. Lo impulsan dos industrias con demanda cautiva y las provincias que viven de ellas. En el NOA, Tucumán, Salta y Jujuy usan el etanol de caña como desahogo del azúcar cuando sobra o cae el precio. En el centro, las destilerías de maíz de Córdoba, San Luis y Santa Fe solo crecen si la nafta está obligada a mezclar su alcohol. El Estado les asegura volumen, 6% para caña y 6% para maíz, el precio lo fija la Secretaría de Energía y el biocombustible paga menos impuestos que la nafta fósil. El surtidor obligatorio les compra lo que el mundo no les garantiza al mismo precio ni en la misma cantidad. Argentina ya no es el país deficitario de energía de 2006. Vaca Muerta convirtió el crudo en una fábrica de dólares: en 2025 las exportaciones energéticas superaron los 11.000 millones de dólares, con un superávit de casi 7.800 millones. El agro es el otro motor. Subir el corte es reservar por ley maíz y caña para el tanque. Con el actual ya van a la destilería unos 2 millones de toneladas de maíz, el 3% a 3,5% de la cosecha. El sector responde que el etanol ahorró más de 400 millones de dólares en importaciones de nafta en 2025. Si Argentina exporta crudo e importa nafta, lo que le falta es capacidad de refinación, y el alcohol de maíz no la arregla. El resultado: vender afuera el petróleo y quemar adentro el alimento para mover autos. Si el etanol fuera más competitivo, no haría falta subirle el corte por ley. El Congreso está votando un privilegio sectorial disfrazado de política energética.