Monitor Indigena

Extinción de la pena y absolución no son lo mismo: Hoy el poder judicial venezolano decretó la primera para no tener que reconocer la segunda. Maria Lourdes Afiuni es libre después de 16 años pero conviene leer el documento antes de celebrar lo que no dice: El tribunal no anuló la condena. Decretó la extinción de la pena por cumplimiento, conforme al 471.1 del COPP en relación con el 105 del Código Penal. Esa figura no discute si hubo delito: presupone que sí lo hubo y constata que la pena se agotó. El Estado sigue sosteniendo que Afiuni fue culpable de corrupción propia. Lo único que cambió es que ya terminó de pagar. Eso no es exoneración, es el vencimiento de un plazo. Vale la pena recordar por qué llegó ahí. En diciembre de 2009, Afiuni otorgó libertad condicional a un hombre que llevaba casi tres años detenido sin juicio. Aplicó el límite legal venezolano y una decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. Es decir, hizo exactamente lo que un juez debe hacer. Fue detenida el 10 de diciembre, sin orden judicial. Un día después, el Presidente de la República pidió públicamente 30 años de cárcel para ella, en cadena nacional, antes de que existiera juicio alguno. Pasó catorce meses en el INOF, la cárcel de mujeres donde estaban recluidas personas que ella misma había sentenciado. En marzo de 2010 la ONU declaró arbitraria su detención. En 2011 pasó a arresto domiciliario por razones de salud. En 2013 obtuvo libertad condicional con prohibición de salir del país, de hablar con medios y de usar sus redes. En marzo de 2019 fue condenada a cinco años sin que se presentara prueba alguna, y el Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados calificó esa sentencia como un acto de represalia. El IBAHRI, que observó el proceso, la condenó en los mismos términos. Y aquí está lo más grave: reparar no es abrir la puerta. En derecho internacional la reparación integral tiene componentes concretos. Restitución de lo perdido. 1) Indemnización del daño. 2)Rehabilitación física y psicológica. 3)Satisfacción, que incluye el reconocimiento público del error 4) Y garantías de no repetición. Afiuni no recibió ninguno. No hay restitución de su carrera judicial, que terminó el día que decidió conforme a derecho. No hay indemnización por 16 años de vida bajo un expediente. No hay rehabilitación por lo que vivió detenida. No hay reconocimiento del error. Y sobre las garantías de no repetición no hace falta discutir mucho: el mensaje que este caso envió a cada juez del país sigue vigente. Decidir contra el poder cuesta la libertad, y en el mejor de los casos, dieciséis años después, te la devuelven diciendo que eras culpable. Las vías existían. El recurso de revisión del 462 del COPP sirve exactamente para anular sentencias dictadas contra inocentes. El artículo 49.8 de la Constitución reconoce el derecho a exigir del Estado el restablecimiento o la reparación por error judicial. El artículo 30 obliga al Estado a indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ninguna se activó. No es que no hubiera herramientas. Es que no se quisieron usar. Y hay un detalle procesal que dice bastante. La decisión tiene fecha del 9 de julio. La notificación llegó el 7 de agosto. Casi un mes para entregar un papel que se agotó solo. Hoy celebramos su libertad. Es real, y se la debían hace 16 años. Pero un expediente que se cierra por cumplimiento de pena deja intacto el archivo que dice que era culpable. Mientras ese archivo exista, no hubo reparación.