¿AUTOAMNISTÍA PARA EMPRESAS SANCIONADAS E INHABILITADAS POR MALVINAS? El Gobierno acaba de enviar al Congreso un proyecto que deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos en Malvinas. Y lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI. Vamos por orden. En 2013, mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía, el Estado argentino inhabilitó por quince (15) años a la empresa Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina, por operar en la plataforma continental cercana a Malvinas sin autorización argentina. El fundamento fue la Ley 26.659 y esa inhabilitación sigue vigente hasta 2028. Premier Oil no desapareció. En 2021 cambió de denominación y hoy se llama Harbour Energy plc. Es la misma persona jurídica, con el mismo registro británico, SC234781. Un cambio de nombre no crea una empresa nueva ni borra las sanciones que arrastra. Es la misma empresa que continúa inhabilitada. Lejos de hacer valer esa inhabilitación, en diciembre de 2024, mediante el Decreto 1147/2024, el Gobierno le amplió concesiones hidrocarburíferas. Y en 2025, por la Resolución 559/2025, el Ministerio de Economía aprobó al consorcio Southern Energy S.A. su adhesión al RIGI, otorgándole beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por décadas. Harbour Energy participa de ese proyecto con el 15%. Volvamos a algo central. La Ley 26.659 no alcanza únicamente a la empresa que opera. También alcanza a sus accionistas (artículo 2°) y le prohíbe al propio Estado contratar o beneficiar a la empresa, a sus controladas o a sus accionistas (artículo 5°). Y acá viene lo más llamativo. El 4 de septiembre de 2026, mediante el Decreto 868/2026, el propio Gobierno reforzó la Ley 26.659. Puso en manos del Canciller la autoridad de aplicación y exigió una declaración jurada para adherir al RIGI. Trece días después, el 17 de septiembre, envió al Congreso un proyecto que la deroga por completo, sin una sola cláusula de salvaguarda que preserve las inhabilitaciones ya dictadas ni que las traslade al nuevo registro que crea el propio proyecto. ¿Por qué importa? Porque la inhabilitación de Premier, hoy Harbour, se sostiene en la Ley 26.659. Al derogarse la norma que dio fundamento a la Resolución 481/2013, surge una pregunta jurídica inevitable: ¿qué ocurre con las sanciones e inhabilitaciones actualmente vigentes? Si la derogación no contempla una cláusula expresa que las preserve, la inhabilitación pierde sustento normativo hacia adelante. El resultado podría ser que, en los hechos, se termine limpiando la inhabilitación de la misma empresa que fue beneficiada con el RIGI y con otras autorizaciones para explorar y explotar recursos. Eso se parece demasiado a una autoamnistía. Y esto no es solo por Harbour. Quizás sea el caso más visible, pero detrás hay otras empresas sancionadas bajo la Ley 26.659 por operar en Malvinas, cuyas inhabilitaciones hoy siguen vigentes. Si la ley se deroga sin una cláusula que preserve esas sanciones, todas quedarían ante la misma incertidumbre jurídica. No sería únicamente una amnistía para una empresa: sería un borrón y cuenta nueva para todas las que fueron sancionadas por Malvinas. Que lo expliquen. ¿Sigue vigente la inhabilitación dictada en 2013? ¿En qué situación quedan las empresas actualmente sancionadas por la Ley 26.659 si esta se deroga? ¿Por qué se benefició a una empresa inhabilitada? Y si van a derogar la ley, ¿incorporarán una cláusula que preserve las sanciones firmes? La Argentina necesita inversiones, previsibilidad jurídica y proteger sus recursos estratégicos, pero no a cualquier precio ni con desaguisados de esta magnitud. Debatiré el resto del proyecto con responsabilidad y mucho estudio. Pero no voy a habilitar ninguna concentración del poder, deriva autocrática ni arbitrariedades y ambigüedades.