Marialbert Barrios

No voy a entrar en el debate de soberanía, y no por evadirlo sino por precisión: ese debate no empieza aquí. Empieza cuando pidieron la intervención de otro país para resolver nuestros problemas, se materializó el 3 de enero y sigue con el control de los recursos del país en cuentas bajo administración americana. Discutir soberanía a propósito del acuerdo del 28 de agosto es llegar algunos años tarde. Es una discusión importante y merece darse en su punto de origen, pero aquí quiero concentrarme en lo económico, porque el ruido político suele tapar lo que va a determinar la vida concreta de la gente. Lo primero es lo más incómodo: no sabemos si esto es un proyecto realizable o una campaña política. Eso obliga a la prudencia, porque conseguir las decenas de millardos de dólares para levantar este proyecto no es soplar y hacer botellas. Pero tampoco se puede despachar como puro show, porque hay un interés nacional y privado americano evidente, con reserva estratégica en mínimos y gasolina cara antes de una elección. Y por otra parte Venezuela necesita desesperadamente ingresos petroleros para abordar una crisis que no da para más y la única forma es captar inversión extranjera cuanto antes. Cuando los incentivos se alinean así, lo declarativo puede volverse real. Está por verse. Lo segundo es el corazón del asunto: que sea bueno o malo económicamente para Venezuela no lo define lo anunciado, sino cómo se implemente. EEUU tomaría 55% de la producción efectiva de este proyecto, parte como accionista y parte como derecho a comprar crudo a costo. La regalía se calcula sobre volumen, pero el impuesto de hidrocarburos sobre ingreso bruto y el ISLR sobre ganancia. Si más de la mitad se entrega a costo y no a precio de mercado, el ingreso reportado se comprime y con él dos de los tres tributos. Los 209 mil millones en impuestos anunciado solo cuadran con valoración fiscal a precios internacionales (y eso puede estar en los contratos que aún no conocemos). Y falta un elemento igual de determinante: qué se define como costo, porque cuando el comprador es también el accionista mayoritario esa definición pesa tanto como la tasa. Nada se ha publicado aún. Lo tercero es que reducir el análisis a la renta directa es quedarse corto. Una inversión así en 17 campos, buena parte greenfield en la Faja, obliga a reconstruir mejoradores, dilución, oleoductos, terminales y sobre todo generación eléctrica dedicada. Esa generación cambia la ecuación eléctrica de las regiones donde se instale. Detrás vienen servicios, metalmecánica, transporte, construcción, empleo y retorno de talento. Y algo que se subestima: ver a EEUU como socio con intereses propios puede cambiar la percepción de estabilidad para otros inversionistas extranjeros en campos convencionales fuera de este proyecto. Hay una arista que casi nadie mira. La energía firme y barata se volvió el cuello de botella de la inversión tecnológica: los centros de datos y la infraestructura de IA requieren nodos energéticos gigantes que no son fáciles de conseguir en ninguna parte. Un país que resuelva generación a escala se vuelve candidato para inversiones que no tienen que ver con el petróleo. Igual con la minería y los minerales raros, que dependen de energía, logística y seguridad para el capital. Nada de esto es inmediato. El crudo extrapesado madura entre cinco y diez años y el capital anunciado es intención, no todavía desembolso. Hay aristas que analizar más allá de la política. El punto de partida es duro pero real: la mayor parte de nuestro petróleo está inutilizado en el subsuelo, sin posibilidad de que el país lo desarrolle solo, mientras en Barquisimeto (por decir cualquier ciudad más allá de Caracas) se va la luz cinco o seis horas al día, las universidades están depauperadas, el bolsillo de los venezolanos vacío y necesitamos atender 17 mil damnificados de los terremotos. Analizar bien lo que viene, con datos y sin consignas, es lo mínimo que nos debemos.