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Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires. La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados. Algo muy importante que todos tenemos que recordar: nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas. Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas. Esta es la controvertida situación en que quedamos: una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, queda por ahora sin efecto, nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país. Todo por la decisión de un juzgado provincial. Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución.