Ayer la jueza federal de Nueva York Loretta Preska firmó la anulación de su propia condena de 16.100 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF, la mayor sentencia contra un país en la historia de los tribunales de Estados Unidos. Solo podría revivir si la Corte Suprema norteamericana acepta el caso, y de los siete u ocho mil pedidos que recibe por período acepta unos ochenta. Para quien no lo vivió: en 2012 el gobierno de Cristina Kirchner le expropió a la española Repsol el 51% de YPF. El estatuto de la petrolera obligaba a quien tomara el control a ofrecer comprar las acciones de los demás socios, y el Estado no lo hizo. Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo defendió en el Senado así: «los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF». Los socios minoritarios demandaron en Nueva York y en 2023 Preska les dio la razón. En marzo la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo con un argumento que conviene leer dos veces: según el derecho argentino, la ley de expropiación impide que terceros reclamen, y el estatuto de una sociedad no les da derecho a pedir daños al Estado. Me alegro por los argentinos, que se libran de pagar unos 350 dólares cada uno, bebés incluidos. Pero que nadie lo venda como una victoria del kirchnerismo. La Argentina ganó porque sus propias leyes permiten al Estado saltarse el estatuto de una empresa sin compensar a los socios minoritarios. Eso es justo lo que espanta al inversor, y por eso hoy hace falta un RIGI con treinta años de estabilidad garantizada para que alguien ponga su dinero en Vaca Muerta. Un juicio se gana en un tribunal. La confianza se pierde en un discurso.