En 2015, Leonidas Bustos le entregó una paloma a Juan Manuel Santos. Con retórica grandilocuente, le advirtió que las formas jurídicas no podían convertirse en un obstáculo para la paz. Traducción sin eufemismos: estaba dispuesto a sacrificar el Estado de derecho para garantizarle impunidad al terrorismo. Lo llamaron el “magistrado de la paz”. Entretanto, negociaba sentencias con el mejor postor. Hoy, la Corte Suprema lo condena a 10 años, 3 meses y un día de prisión por cohecho propio y concierto para delinquir en el caso del cartel de la toga. Además, solicita al Gobierno gestionar su extradición desde Canadá para que cumpla la condena en Colombia. No es un dato menor que en su despacho haya sido magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación. Bustos tenía el deber de impartir justicia. En lugar de honrar su deber, puso la justicia en venta o la convirtió en moneda de cambio para que Santos le torciera el cuello a la legalidad nacional. Dios los hace y ellos se juntan.