Publico hoy en @elmundoes una tribuna sobre el absentismo laboral, un debate que se ha convertido en munición política y que apenas ha servido para entender qué está pasando. Cada semana faltan a su puesto alrededor de 974.000 asalariados por incapacidad temporal, cuando en el primer trimestre de 2019 eran 468.000. La tasa ha pasado del 2,86% al 5,11% en siete años. Frente a esos datos circulan dos relatos excluyentes entre sí. 1. El del fraude masivo, que se apoya en indicios reales recogidos por la AIReF (la incidencia se disparó cerca de un 60% entre 2017 y 2024 y una cuarta parte de los afectados concentra más de la mitad de los casos), aunque ningún organismo oficial ha cuantificado qué parte del fenómeno es engaño y el problema aparece a la vez en media Europa. 2. El de la demografía merece más respeto, porque los mayores de 55 años han pasado del 16% al 20% de los asalariados, pero la descomposición del alza deja poco margen: entre el 85% y el 92% corresponde a que cada trabajador se comporta distinto dentro de su grupo, y solo entre un 5% y un 9% a que la plantilla sea otra. Con la estructura de ocupados de 2019 la tasa de hoy apenas bajaría del 5,11% a algo más del 4,8%. Lo que sí ha dejado huella es el margen que da la estabilidad contractual. La AIReF ha medido con un diseño causal el efecto de la reforma de diciembre de 2021: pasar de temporal a indefinido eleva alrededor de un 30% la probabilidad de iniciar una baja y un 62% los días en incapacidad temporal, con la misma salud de fondo. Todo eso descansa sobre un fallo de gobernanza con forma de problema de principal y agente. El médico que firma la baja no soporta su coste, la empresa y la Seguridad Social que la financian no participan en la decisión, y el trabajador cuyo convenio le completa la prestación hasta el 100% del salario, algo que ocurre en tres de cada cuatro casos, no pierde nada durante el proceso. La factura ronda ya los 33.000 millones anuales, de los que las empresas cargan con unos 15.000, con costes laborales unitarios un 31% por encima de los niveles prepandemia. Hay además un dato del que se habla poco: las bajas de más de un año son el 2,4% de los procesos y suman el 34% de los días perdidos, y la categoría que más crece desde 2016 es la de síntomas sin clasificar, un 227% más. Son pacientes esperando una prueba diagnóstica que el sistema público no da a tiempo, de modo que el propio Estado alarga la baja. Las soluciones pasan por compartir información entre sanidad y Seguridad Social, permitir que las mutuas den altas en la enfermedad común, atacar las listas de espera que convierten una lumbalgia en seis meses de incertidumbre diagnóstica y vigilar la reiteración antes que la baja de tres días. Una reforma de gestión sin épica, de esas que no dan para un mitin. elmundo.es/opinion/2026/08/1…