Los indicadores que el PSOE no prefiere enseñar El PSOE ha difundido dentro del vídeo del PP varios indicadores para demostrar que España está mucho mejor que en 2018. Datos como que los salarios son un 23% superiores, las pensiones un 46% más altas, que hay 3,5 millones de afiliados adicionales, que hay menos paro, más médicos o siete veces más inversión en vivienda pública. Muchas cifras son auténticas. Algunas corresponden a ejercicios anteriores y otras necesitan explicaciones que el anuncio no ofrece. - La pobreza que no sale en televisión: En 2025, el 25,7% de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. La carencia material y social severa afectaba al 8,1%. El dato más inquietante corresponde a los menores de 16 años: El 33,9% estaba en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 30,8% de 2018. Uno de cada tres niños. Si aumentan el empleo, los salarios mínimos, las prestaciones y la recaudación, cabe preguntar por qué la pobreza infantil sigue siendo tan elevada y ha empeorado respecto a 2018. - La criminalidad que tampoco aparece: Entre 2019 y 2025, las tentativas de homicidio aumentaron de 836 a 1.413 (+69 %); las lesiones graves y menos graves, de 20.051 a 31.481 (+57 %); los secuestros, de 89 a 114 (+28 %); los delitos contra la libertad sexual, de 13.545 a 21.659 (+60 %), y las agresiones sexuales con penetración, de 1.873 a 5.363 (+186 %). También aumentaron los delitos registrados por tráfico de drogas, de 16.624 a 22.731 (+37 %). Las estadísticas penitenciarias muestran una sobrerrepresentación de extranjeros respecto a su peso en la población, especialmente en Cataluña. Es un hecho que merece estudiarse atendiendo a la edad, el sexo, la situación socioeconómica, el tipo de delito y las diferencias entre población extranjera, inmigrante y nacionalizada. - El desastre de la vivienda: El PSOE anuncia 3.477 millones de inversión en vivienda pública, siete veces más que en 2018. Pero no dice cuántas viviendas terminadas y disponibles corresponden a ese dinero. Entre 2021 y 2025 se formaron aproximadamente 1,2 millones de nuevos hogares y se construyeron menos de 470.000 viviendas. El desequilibrio ayuda a explicar una crisis que no se resuelve anunciando presupuestos. En 2024 la vivienda se encareció un 11,3% interanual en el último trimestre. En el tercero de 2025, otro 12,8% interanual. Son incrementos de un solo año, no acumulados desde 2018. Mientras tanto, los jóvenes retrasan su emancipación, las familias compiten por alquileres cada vez más caros y muchos propietarios desconfían de la seguridad jurídica del arrendamiento. El Gobierno puede presumir de gastar más. Lo difícil es explicar por qué resulta más complicado acceder a una casa después de ocho años de políticas destinadas, supuestamente, a facilitarlo. - Más médicos, pero ¿mejor sanidad? El PSOE presume de 50.000 médicos adicionales. No aclara suficientemente qué proporción trabaja en la sanidad pública, cuántos están disponibles para atender pacientes ni cómo se distribuyen territorialmente. En las islas Canarias, a finales de 2025, había 32.131 personas esperando una operación, con una demora media de 106 días. La sanidad está gestionada fundamentalmente por las comunidades autónomas, por lo que sería incorrecto atribuir todas las listas de espera al Gobierno central. Pero también sería incorrecto presentar el número de médicos como prueba suficiente del buen funcionamiento del sistema. La misma exigencia debería aplicarse a la dependencia, la educación y las infraestructuras, es decir, midiendo los resultados, no solamente los recursos. - Los salarios suben. Los precios también: El PSOE presume de un salario medio de 29.540 euros, frente a los 24.009 de 2018. Lo que no explica es que el primer dato corresponde a 2024 ni cuánto poder adquisitivo conserva ese trabajador después de pagar la vivienda, la alimentación, la energía y los impuestos. El salario mínimo ha subido un 66%. Es una mejora importante para quienes lo perciben, pero no resuelve por sí sola el encarecimiento de la vida. Hay aumentos de la cesta de la compra cercanos al 38%, según productos y períodos analizados por la OCU. El verdadero indicador de prosperidad no es cuánto dinero aparece en una nómina, sino qué puede hacerse con él. Y hoy encontramos trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden independizarse ni ahorrar. - El récord de empleo y sus límites: Los afiliados han aumentado hasta los 22,44 millones y el paro registrado ha descendido hasta los 2,38 millones. Son mejoras reales. Pero la EPA del segundo trimestre de 2026 todavía contabilizaba 2.495.300 desempleados, con una tasa del 9,87%. España continúa arrastrando un desempleo estructural elevado, especialmente entre los jóvenes, con más del 23% de desempleados. El aumento de población también importa. Hay más trabajadores, pero también más habitantes, más hogares demandando vivienda y más usuarios potenciales de servicios públicos. La reforma laboral ha aumentado la contratación indefinida, incluidos los fijos discontinuos. Sin embargo, un contrato indefinido no garantiza trabajar todos los meses ni disponer de ingresos suficientes para mantener una familia. - La deuda y los impuestos: La deuda pública alcanzó en julio de 2026 los 1,744 billones de euros. Su proporción respecto al PIB descendió hasta el 99,9%, una mejora que debe reconocerse, pero el importe absoluto continuó creciendo un 3,8% interanual. Desde 2018, España ha acumulado centenares de miles de millones de deuda adicional. Al mismo tiempo, la recaudación fiscal ha aumentado considerablemente, favorecida por el crecimiento del empleo, la inflación y los cambios tributarios. La pregunta no es únicamente cuánto recauda el Estado, sino qué recibe el ciudadano a cambio. Los recursos públicos no son una medida automática de eficacia. Pueden crecer los presupuestos mientras persisten problemas de productividad, mantenimiento de infraestructuras y calidad de los servicios. - El país que crece sin resolver sus desequilibrios: España recibió casi 97 millones de turistas internacionales en 2025 y ha aumentado sus exportaciones agroalimentarias. Son éxitos económicos que merecen reconocerse. Pero el turismo no garantiza salarios altos, ni el crecimiento de las exportaciones resuelve la escasez de vivienda. Una economía puede aumentar su producción total gracias a más trabajadores y visitantes sin mejorar proporcionalmente la renta disponible de cada habitante. La productividad, la inversión empresarial, el empleo cualificado y la capacidad de ahorro son indicadores imprescindibles para saber si España está construyendo una prosperidad duradera. Precisamente esos indicadores apenas aparecen en la propaganda. - De la regeneración a los tribunales: Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018 mediante una moción de censura que convirtió la corrupción del PP en el argumento central para reclamar un cambio político. Ocho años después, dos antiguos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han sido procesados en investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en la contratación pública. El caso Koldo, las pesquisas sobre adjudicaciones de obras, las investigaciones relacionadas con el entorno familiar del presidente y las presuntas maniobras de obstrucción judicial del caso Leire Díez forman parte del balance de la legislatura. Los procedimientos tienen situaciones judiciales distintas y las responsabilidades penales individuales deben acreditarse. En octubre de 2026, por ejemplo, el juez rechazó imputar por el momento al PSOE como organización en el caso Leire Díez. Pero la responsabilidad política no comienza únicamente cuando existe una sentencia firme. También comprende la elección de colaboradores, la vigilancia de los contratos públicos, la reacción ante los indicios y la disposición a rendir cuentas. El partido que llegó prometiendo regeneración democrática debe explicar por qué personas situadas en posiciones tan próximas a su dirección han terminado protagonizando investigaciones de semejante gravedad. - Las promesas y las instituciones: La ley mordaza sigue siendo un ejemplo de promesa de derogación incumplida. También deben examinarse los compromisos sobre vivienda, transparencia y calidad democrática. La supresión de la sedición, la reforma de la malversación y la amnistía acordada con el independentismo catalán fueron decisiones de enorme trascendencia política y jurídica. Pueden defenderse como decisiones legítimas y someterse a control constitucional. Pero también cabe cuestionar si respondieron al interés general o a las exigencias de los socios necesarios para sostener la mayoría parlamentaria. La prolongación de presupuestos prorrogados, las tensiones alrededor de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional y las controversias sobre el uso del decreto ley completan un balance institucional que ningún gráfico de salarios puede sustituir. - El balance de los ocho años: España tiene más empleo, un salario mínimo superior, mejores permisos parentales y avances importantes en determinadas prestaciones y servicios. Son hechos que no necesitan negarse. Pero también tiene una vivienda cada vez menos accesible, un elevado riesgo de pobreza infantil, una deuda de 1,744 billones, problemas persistentes de productividad, servicios públicos tensionados y una legislatura marcada por graves investigaciones de corrupción. El PSOE pretende que con enseñando varios indicadores favorables le sirvan como certificado de buena gestión. Sin embargo, gobernar no consiste en elegir los datos que mejor quedan en una pantalla. Consiste en responder por el conjunto de los resultados, por las promesas realizadas y por el uso del poder recibido. Si el balance debe ser completo, que aparezcan todas las cifras. También las que no caben en el vídeo.