Mientras las mujeres que han formulado ante la UB denuncias de coerción sexual y abuso de poder en el grupo CREA (actualmente en investigación por la Fiscalía) sostienen procesos largos, complejos y dolorosos, centradas en colaborar con la justicia, el debate quieren desplazarlo hacia CVs y publicaciones. No son planos equivalentes. Cualquier actuación en este contexto debería priorizar la protección de las personas víctimas de hechos que están siendo investigados, en un marco que presenta características propias de dinámicas de coerción y control. De conformidad con la normativa de protección a las víctimas de este tipo de delitos, convendría evitar mensajes que puedan generar represalias (directas o indirectas) o tener efectos disuasorios sobre quienes han denunciado. Abordar lo ocurrido en CREA durante décadas exige situar en el centro a las víctimas y garantizar la no revictimización. Desplazar el foco en este momento hacia este tipo de cuestiones y promover llamamientos generales sin competencia ni garantías, al margen de los cauces institucionales y sin esperar al resultado de las investigaciones en curso, no es neutral. Puede contribuir a desproteger a quienes han denunciado y a incrementar su sufrimiento. Este enfoque, además, se aleja de los estándares propios de una perspectiva de género y de un abordaje feminista de la violencia sexual, que exige centralidad de las víctimas, diligencia debida y no revictimización. Así lo han solicitado, de manera reiterada, las propias denunciantes a las personas responsables de la entidad privada que hace esta publicación. La Oficina Española de Integridad en Investigación no es un organismo público, no tiene relación ni vinculación con las denunciantes y está actuando en sentido contrario a las peticiones expresas de estas.