Caso Rafael Tudares: La jueza Alejandra Verónica Romero Castillo —Tribunal 3º de Juicio con Competencia en Terrorismo— pasará a la historia por estampar su firma en una condena de 30 años sin pruebas, sin testigos, sin acceso al expediente y sin defensa real. No impartió justicia: la ejecutó como arma política. Cuando un tribunal avala un expediente vacío y una audiencia sumarísima, no está aplicando la ley: 👉 está cometiendo prevaricación, 👉 está validando una privación ilegítima de libertad, 👉 está participando en persecución política mediante un fallo disfrazado de sentencia. Así operan los jueces del horror: convierten la toga en una amenaza y el estrado en un mecanismo de castigo. Pero la historia tiene memoria. Y la justicia —la verdadera— siempre llega. A esta jueza le espera lo que le llega a todo funcionario que abandona la ley para servir al miedo: ✔ Responsabilidad internacional, ✔ investigación en procesos de justicia transicional, ✔ inhabilitación para ejercer funciones judiciales, ✔ y el peso de haber quedado registrada como parte de un engranaje represivo. Venezuela merece jueces, no instrumentos de terror con toga.