DISCULPEN MI CASTELLANO Cuando se cierra la puerta del norte Gabriela Castellanos Abogada Las cifras no admiten matices ni discursos dulzones: al 20 de agosto, más de 30,000 hondureños habían sido deportados, incluidos 27,828 retornados por vía aérea desde Estados Unidos. Este flujo incesante expone el engranaje implacable de la política migratoria del norte. Sin embargo, achacar este desastre exclusivamente a las directrices de Washington es una trampa analítica conveniente. El verdadero origen de la diáspora no está afuera, sino adentro: radica en la complicidad histórica de una clase política que convirtió a su propio pueblo en un producto de exportación. La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que afectó a decenas de miles de hondureños, no es solo una crisis migratoria o diplomática. También expone el resultado de décadas de inoperancia de gobiernos sucesivos. Administraciones marcadas por la corrupción, la captura del Estado por redes criminales y el desvío de recursos públicos redujeron la gestión gubernamental a una labor de contención, mientras millones de personas terminaron eligiendo entre el exilio y la miseria. En 2025, Honduras recibió alrededor de 12 mil millones de dólares en remesas familiares, equivalentes a cerca del 30% del Producto Interno Bruto. Ocho administraciones de gobierno convirtieron así la expulsión de hondureños en una pieza funcional de la estabilidad macroeconómica, mientras la economía nacional se acostumbraba a vivir de los ingresos enviados por quienes tuvieron que marcharse. Mientras la malversación de recursos destinados a infraestructura, salud y educación estrangulaba las posibilidades de construir un desarrollo productivo sostenible, la élite gobernante fue incapaz de garantizar condiciones mínimas de vida. Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense terminó absorbiendo buena parte de los desocupados que Honduras no supo incorporar a una economía capaz de ofrecerles bienestar. Y hoy, el cinismo de las autoridades recibe a los deportados en los aeropuertos con kits de bienvenida y discursos de solidaridad, para luego devolverlos al mismo entorno marcado por el desempleo, la precariedad y la violencia que contribuyó a expulsarlos. Este retorno masivo expone una paradoja trágica: el mismo Estado que falló en proteger a sus ciudadanos para evitar su salida vuelve a fallarles al no tener capacidad suficiente para reintegrarlos. La crisis que se avecina no es una catástrofe natural, sino el resultado de un modelo político que durante décadas prefirió exportar personas antes que construir oportunidades. Mientras la respuesta institucional siga limitada al asistencialismo de fachada y se evada la responsabilidad de la clase política, cada vuelo de deportados no solo amenaza con restar un pilar fundamental a la economía nacional. También confirma el fracaso de un país que terminó sosteniéndose sobre el destierro de sus propios ciudadanos. Honduras no solo expulsó a sus hijos cuando los condenó a la miseria y a la violencia de sus calles. Los expulsó también cuando convirtió su dolor, su desarraigo y el fruto de su trabajo en el exterior en una de las principales fuentes de divisas de un Estado parasitario. Al cerrarse la puerta del norte, el país quedó obligado a mirarse de frente. Y así nos dimos cuenta que la verdad más amarga de nuestra historia reciente es que construimos una parte importante de nuestra estabilidad sobre la ausencia de quienes se fueron. Y ahora que comienzan a regresar, también llega la factura de una deuda social acumulada durante generaciones.