Karmele Marchante B.

Lee👇 *** Publicación de Iñaki Gabilondo contra la desmemoria. “No me hubiera gustado escribir sobre esto por respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a sus familiares. Pero, ante determinadas intervenciones del PP y Vox, tampoco parece justo dejar que la memoria desaparezca del debate. Hay que investigar hasta el final, explicar qué falló y exigir todas las responsabilidades que correspondan. También al Gobierno actual. La vida de las personas no tiene precio y ninguna sigla debe servir de escudo. Pero una cosa es reclamar respuestas y otra llamar a Óscar Puente «ministro de la muerte», como ha hecho Abascal. Eso no esclarece las causas ni mejora la seguridad: convierte una tragedia en una agresión política. Y cuando el PP se presenta como ejemplo de gestión y responsabilidad, conviene recordar su trayectoria. Prestige, 2002. Gobernaba Aznar; Álvarez-Cascos era ministro de Fomento; Rajoy, vicepresidente, y Fraga presidía la Xunta. Ni Cascos ni Rajoy dejaron sus cargos por aquella gestión. Yak-42, 2003. Aznar presidía el Gobierno y Federico Trillo era ministro de Defensa. Trillo no dimitió como ministro por la tragedia. En 2017, Defensa reconoció formalmente la responsabilidad patrimonial de la Administración. Metro de Valencia, 2006. Francisco Camps presidía la Generalitat. Las familias tuvieron que esperar casi catorce años para que cuatro exdirectivos de la empresa pública fueran condenados. Madrid Arena, 2012. Ana Botella era alcaldesa cuando murieron cinco jóvenes en un recinto municipal. Ella permaneció en el cargo. Angrois, 2013. El accidente del Alvia ocurrió con Rajoy como presidente y Ana Pastor en Fomento. Ninguno dimitió. 11M, 2004. Los responsables de los asesinatos fueron los terroristas yihadistas. Lo que corresponde recordar del Gobierno de Aznar y de su ministro del Interior, Ángel Acebes, es su insistencia en atribuirlos a ETA mientras avanzaban los indicios de otra autoría. El apoyo de Aznar a la invasión de Irak fue su detonante. Aún no ha pedido perdón. Dana de Valencia, 2024. La Generalitat de Carlos Mazón tenía competencias esenciales en la gestión de la emergencia. Su prolongada comida en El Ventorro y las distintas versiones sobre aquella tarde exigían explicaciones. Sí, acabó dimitiendo: un año después, pero le dieron otro carguito. ¿Son estos los antecedentes desde los que pretenden dar lecciones? Gobernar cuando sucede una tragedia no convierte automáticamente a nadie en culpable. Pero ese mismo criterio debe aplicarse a todos. Y la exigencia de transparencia también vale para Vox. Según sus cuentas, había transferido casi trece millones de euros a Disenso, la fundación presidida por Abascal, desde su creación y hasta mediados de 2026. Es legítimo exigir claridad sobre el destino y los beneficiarios de ese dinero. También sobre las relaciones económicas publicadas entre empresas de su entorno y su esposa, Lidia Bedman, sin dar por probada ninguna ilegalidad. La memoria importa igualmente cuando hablan de independencia judicial. No se ha olvidado aquel mensaje de Ignacio Cosidó sobre controlar la Sala Segunda del Supremo «desde detrás». El objetivo ahora es el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, ninguno debe convertirse en instrumento de un partido. Nos jugamos una gestión pública responsable, unas instituciones independientes y unas prioridades que protejan las pensiones, los salarios, la sanidad, la educación y la dependencia. Hay cosas que corregir y responsabilidades que exigir. Todas. Pero reclamar soluciones no obliga a entregar la confianza a quienes utilizan una vara de medir cuando gobiernan y otra cuando están en la oposición. Si eres de izquierdas, participa y vota a la izquierda. La clase trabajadora y la clase media tenemos demasiado en juego. Iñaki Gabilondo #FelizLunes #AccidenteFerroviario #2DeNoviembre