Estudiar la Constitución implica asumir una responsabilidad con los derechos y la vida de otras personas. La formación jurídica permite comprender qué puede exigir la ciudadanía y qué corresponde resolver a cada autoridad. Así lo planteé en la presentación del Manual de Teoría Constitucional, de mi compañero magistrado @fdelamatap y del doctor @lovadograjales , durante la XI Feria Internacional del Libro del TEPJF. Felicito a sus autores por esta contribución a la formación de quienes estudian y ejercen el derecho. Me dio mucho gusto compartir este encuentro con las magistradas @CVAguilasocho e @GarciaIndiraTDJ , así como con la comunidad académica y las y los estudiantes. La obra conecta el estudio de la Constitución con la defensa de los derechos. Para quienes juzgamos, eso nos recuerda una exigencia cotidiana: examinar los hechos y los argumentos con independencia e imparcialidad, y explicar las razones de cada decisión. Invito a leer estas páginas pensando en quienes acudirán a nosotros en busca de justicia. Escucharles, comprender lo que está en juego y fundamentar una respuesta exige una preparación que debe acompañarnos toda la vida profesional.

La justicia electoral debe dar certeza sobre las vías para defender los derechos y sobre los elementos que justifican iniciar un procedimiento sancionador. En la sesión pública de hoy resolvimos 31 medios de impugnación correspondientes a 26 proyectos de resolución. Entre ellos, la Sala Superior aprobó por unanimidad dos que presenté sobre revocación de mandato y actividad periodística. En el asunto de Oaxaca, concluimos que la legislación vigente contempla medios para impugnar los actos y resultados de la revocación de mandato. La ausencia de un capítulo específico sobre estos recursos no implica, por sí misma, que exista una omisión legislativa: es necesario examinar las disposiciones en su conjunto. En el segundo caso, confirmamos el desechamiento de una queja relacionada con contenidos informativos sobre una presidenta municipal con licencia. Las diligencias preliminares no aportaron indicios suficientes de una infracción electoral ni elementos para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Cada resolución exige precisar qué permite la ley, qué muestran las pruebas y hasta dónde llegan las atribuciones de la autoridad. Ese rigor protege los derechos de quienes acuden a la justicia y las libertades de quienes participan en la conversación pública.