Algo que me fascina de Pedro Sánchez —que es característico en quienes se consideran más listos que el otro— es que da por hecho que él puede saltarse la ley y los demás estamos sujetos de forma ortodoxa a ella. Es decir, él cree que puede obviar la presentación de presupuestos porque no hay un régimen sancionador claro. O que puede obviar la normativa electoral y lanzar mensajes partidistas desde La Moncloa. O aprobar Real Decretos-Ley sin observar los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad. O volverlos a presentar tras el rechazo del parlamento, sin que haya cambiado sustancialmente el contexto o el contenido de los decretos. O promover una ley de amnistía, redactada por los amnistiados, en el que la exposición de motivos contradice lo que el propio Gobierno argumenta. O dictar una instrucción desde un organismo del Ministerio de Justicia que modificar el contenido dd una ley aprobada en el Congreso. Es decir, Pedro Sánchez considera que su voluntad está por encima de la ley. No es que utilice subterfugios de forma institucionalmente desleal. Es que incumple directa y llanamente lo que la ley establece. Pero lo paradójico es que después pretende que el mismo proceso legal que el obvia debe ser seguido de forma ortodoxa y rigurosa cuando se trata de defenderse. Los demás tienen que ajustarse a la jurisprudencia aún cuando se plantean desafíos jurídicos exóticos como el de la Ley de Nietos. Porque él puede ignorar la ley, pero los demás, a quienes nos considera intelectualmente inferiores por elegir no jugar a su juego, estamos obligados a asistir a sus maniobras confiando en que alguno de sus colaboradores necesarios tendrá un ataque de conciencia o dejará de creer que podrá protegerles. La ley nos protege y nos obliga. Y nadie puede aspirar a lo uno sin lo otro. Porque cuando la ley no se cumple es indistinguible de cuándo no existe.