Jenn Guti

La carta de los siete almirantes chilenos contiene una confusión fundamental. Afirman que el Decreto 256/2010 convertiría a Argentina en una especie de aduana situada a la salida oriental del Estrecho de Magallanes. Sin embargo, el decreto no establece ningún control especial a la salida del Estrecho. Se aplica a las aguas jurisdiccionales argentinas en general y contempla una autorización administrativa para los buques que tienen previsto recalar en los puertos de las Malvinas y otras islas del Atlàntico Sur cuya soberanía Argentina disputa con el Reino Unido. El Dan Sar necesita, naturalmente, cumplir las formalidades exigidas por las autoridades britànicas que administran Puerto Argentino, como sucede en cualquier puerto. Pero la administración efectiva de un territorio no resuelve una controversia de soberanía. El Tratado de 1984 garantiza la navegación expedita y sin obstàculos hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Argentina tiene la obligación de respetarla. La verdadera cuestión jurídica no consiste, por tanto, en determinar si Argentina puede instalar una aduana en la salida oriental del Estrecho, sino en establecer si una autorización administrativa vinculada al destino portuario del buque resulta compatible con las obligaciones internacionales de ambos países. La distinción es esencial: una cosa es la libertad de navegación por el Estrecho y otra el régimen administrativo que Argentina pretende aplicar a los buques que tienen previsto recalar en puertos situados en territorios cuya soberanía reivindica. Sorprende que siete antiguos comandantes en jefe de la Armada chilena hayan pasado por alto una diferencia tan importante.