El presidente y su gobierno han demostrado una sugerente aversión por el acuerdo de paz con el M-19 que se firmó hace más de 35 años y dejó la Constitución de 1991 cómo una de sus secuelas. La misma que codirigió Álvaro Gómez Hurtado, tío de dos de los hombres más cercanos al presidente, al lado de Antonio Navarro, quien fue fórmula vicepresidencial de Carlos Pizarro. Codirección armónica según todos los relatos de la época. El establecimiento de entonces y gran mayoría de la opinión pública acogieron con entusiasmo esa desmovilización y el proceso democrático posterior. Tanto que la Alianza Democrática M-19 fue la segunda fuerza que más constituyentes eligió detrás del Partido Liberal. Décadas después el gobierno quiere desconocer ese hecho histórico y borrar a los protagonistas. Muy a propósito habló de “desaparecer” todos esos objetos que hacen “apología al terrorismo”. También quiere desaparecer la memoria de un hombre como Bernardo Jaramillo que no podría llamar nunca terrorista. Redesaparecer a la UP. Lo que resulta extraño de esa furia contra los procesos de paz, incluido el de las Farc por supuesto, es que el presidente participó activamente en uno de ellos. El proceso con los paramilitares donde fungió como enlace de los paramilitares con sectores sociales y oficiales, facilitador y luego como defensor de algunos de los jefes criminales. ¿Por qué esas negociaciones, en las que participó activamente, no le parecen tan repudiables? ¿Solo odia los acuerdos que dejaron un balance positivo en términos democráticos?