Ayer Francia vivió uno de sus días más violentos en décadas. Unas 550.000 personas salieron a la calle contra el alto coste de la vida, la policía detuvo a más de 1.200, hubo 150 agentes heridos y el ayuntamiento de Limoges, con más de 140 años de historia, quedó casi destruido por el fuego. La explicación que más se escucha es la de siempre: la culpa es de la «austeridad» y del «neoliberalismo». Luis Garicano publicó esta semana los números que desmontan ese cuento. En Francia viven del Estado 30 millones de adultos, entre pensionistas, empleados públicos y perceptores de ayudas, frente a 21 millones que trabajan en el sector privado. El gasto público es el 57% del PIB y el país no cierra un presupuesto equilibrado desde 1974. ¿Dónde está la austeridad? España va por el mismo camino. Según Garicano, desde 2024 cobran del Estado 18,2 millones de personas, más que los 17,9 millones que trabajan en el sector privado, y la EPA ya cuenta más empleados públicos que autónomos. Gastamos el 45% del PIB y el último superávit fue en 2007. Me explico. Cuando más de la mitad de los votantes vive del Estado, ningún político se atreve a tocar el gasto, porque recortarlo es perder elecciones. Se paga con deuda y con impuestos al que produce, cada vez produce menos gente y la vida se encarece para todos. En las calles de Francia se pide más Estado para curar lo que causó el exceso de Estado. Argentina eligió el camino contrario. Milei recortó el gasto primario un 27% en términos reales en su primer año y cerró 2024 con el primer superávit financiero en más de una década. Llevo toda la vida creando empresas en España y en Estados Unidos, y sé que cada empleo privado paga una parte del sueldo de alguien que cobra del Estado. Cuando los que cobran superan a los que pagan, la cuenta no sale. Ningún Estado puede mantener a más gente de la que lo mantiene a él.

Aproximadamente la mitad de los ciudadanos de US están en la izquierda y la mitad en la derecha. Pero mira la afiliación política de los profesores. ¿Alguien hizo un estudio parecido en otros países?

El hermano de Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Gallardo, socialista, a 18. La reacción del Gobierno no es pedir perdón por el enchufe. Es denunciar una cacería. Ese es el deterioro institucional: el poder recibe sentencia y se declara víctima.