Jon González ha escrito una reflexión que convendría leer antes de seguir hablando de los «sacrificios» que tendrán que hacer los españoles. Porque mientras unos anuncian sacrificios futuros y otros prometen que nadie tendrá que asumirlos, hay millones de españoles que llevan años pagándolos. Y buena parte de ellos ni siquiera han tenido la oportunidad de decidir sobre las políticas que hoy condicionan su futuro. Los sacrificios no están por llegar. Ya están aquí. Y, sobre todo, ya están repartidos. Un joven de 25 o 30 años se ha formado, trabaja, paga impuestos y cotizaciones, tiene enormes dificultades para acceder a una vivienda y ve cómo su capacidad de ahorro es cada vez más limitada. Mientras tanto, escucha que las pensiones están garantizadas, que las prestaciones deben mantener su poder adquisitivo y que cuestionar la sostenibilidad del sistema constituye prácticamente un ataque a los derechos sociales. ¿Y quién garantiza los suyos? En 1977, España destinaba el 4,9% del PIB a pensiones públicas. En 1995, el 9,5%. En 2024, alrededor del 13%. Y las proyecciones europeas anticipan otros 4,2 puntos adicionales hasta 2050. Equivaldría, tomando como referencia el PIB de 2025, a unos 70.000 millones de euros anuales más. Pero el envejecimiento también incrementará el gasto sanitario y en dependencia. La AIReF proyecta que estas partidas pasarán del 6,6% al 8% y del 0,8% al 1,4% del PIB, respectivamente, entre 2023 y 2050. Estamos hablando de un incremento conjunto del gasto asociado al envejecimiento de aproximadamente cinco puntos del PIB. Sin incluir el posible aumento de los intereses de la deuda. Y hay un detalle todavía más importante: las proyecciones ya incorporan sacrificios que tendrán que asumir las generaciones futuras. Entre 2022 y 2050, el tipo de cotización efectivo implícito destinado a pensiones aumentaría del 26,7% al 32,6%. La tasa de reemplazo, que relaciona la pensión inicial con el salario de referencia, caería del 77,2% al 64,6%. Y la duración media de las carreras de cotización pasaría de 37,8 a 40,4 años. Traducido: pagar más, cotizar durante más tiempo y recibir una pensión inicial proporcionalmente menor respecto al salario. Todo ello mientras se mantienen los compromisos adquiridos con los pensionistas actuales. Esta es una parte de la sostenibilidad que algunos políticos celebran, pero que rara vez explican. Y no estamos hablando únicamente de proyecciones. Buena parte de esos sacrificios ya se ha aprobado. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional recaudó 4.935 millones de euros en 2025 y seguirá aumentando hasta alcanzar el 1,2% de las bases de cotización en 2029. A esto se añaden los incrementos extraordinarios de las bases máximas y la cuota de solidaridad, que exigen aportaciones adicionales sin generar mayores derechos de pensión. Y, por cierto, las cotizaciones empresariales también forman parte del coste laboral. Que no aparezcan descontadas directamente de la nómina del trabajador no significa que no tengan consecuencias sobre sus salarios y oportunidades de empleo. Pero la factura tampoco termina ahí. Según Fedea, el déficit básico de la Seguridad Social, incluidas las Clases Pasivas y antes de las transferencias corrientes del Estado, alcanzó los 67.819 millones de euros en 2024. En 2025 habría rondado los 69.800 millones. Es decir, las cotizaciones no alcanzan para financiar las obligaciones del sistema, que necesita recursos adicionales procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras tanto, se celebra el crecimiento de la hucha de las pensiones como si constituyera una demostración de solvencia, aunque el conjunto del sistema continúa necesitando transferencias y acumulando deuda. Entre finales de 2024 y 2025, la deuda neta de la Seguridad Social ampliada aumentó un 4,35% nominal. Meter dinero en una hucha mientras necesitas endeudarte para pagar tus gastos no resuelve el desequilibrio de tus cuentas. Y aquí llegamos a una de las cuestiones más importantes del artículo: el coste de oportunidad. Cada euro destinado a financiar un compromiso de gasto es un euro que no puede utilizarse simultáneamente para otras prioridades. Educación, vivienda, investigación, infraestructuras, innovación o reducciones de impuestos. Eso también son sacrificios. Una infraestructura que no se moderniza. Una inversión educativa que no llega. Un proyecto de investigación que no encuentra financiación. Una menor capacidad de crecimiento de la productividad. Un salario que podría haber sido más elevado. A los pensionistas se les comunica cada año cuánto aumentará su prestación. A los jóvenes nadie les envía una carta detallando las oportunidades que han perdido por las decisiones presupuestarias de las últimas décadas. Por supuesto, sería absurdo atribuir todos los problemas de vivienda, salarios o servicios públicos a las pensiones. Cada uno tiene causas adicionales y necesita sus propias reformas. Pero todos compiten por recursos públicos limitados. La inmigración, además, puede contribuir a ampliar la población activa, generar empleo y aumentar la recaudación, pero no elimina por sí sola el problema. También implica nuevas necesidades de vivienda, infraestructuras y servicios públicos. Y quienes hoy llegan para trabajar también terminarán envejeciendo. El envejecimiento es una realidad demográfica. La distribución de sus costes es una decisión política. Y esa distribución plantea otro problema: quienes soportarán durante más tiempo las consecuencias de las decisiones actuales apenas han participado en ellas. Una persona que hoy tiene 25 años tenía diez cuando se aprobó la reforma de 2011 y doce cuando llegó la de 2013. Tampoco había desarrollado prácticamente su vida laboral cuando se aprobaron las reformas de 2021 y 2023. Sin embargo, tendrá que convivir durante décadas con sus consecuencias. Además, conforme envejece la población, aumenta el peso electoral de quienes reciben las prestaciones actuales. Los jóvenes son proporcionalmente menos numerosos y quienes todavía no han nacido, evidentemente, no votan. Proteger beneficios presentes ofrece recompensas electorales inmediatas. Repartir sus costes durante las próximas décadas permite aplazar decisiones difíciles. Y tampoco podemos echar toda la culpa a los políticos. Los votantes llevamos años exigiendo mayores prestaciones y rechazando cualquier conversación sobre cómo financiarlas. Los partidos responden, en buena medida, a esos incentivos. Ahora bien, tampoco existen soluciones mágicas. Avanzar hacia un sistema mixto con capitalización puede ofrecer ventajas a largo plazo, pero exige seguir pagando las pensiones actuales mientras se acumula ahorro para financiar las futuras. Eso supone un coste de transición considerable. Y las cuentas nocionales o las reformas paramétricas tampoco eliminan las obligaciones ya comprometidas. Si se mantienen íntegramente las prestaciones actuales y las próximas jubilaciones, una parte importante del ajuste vuelve a recaer sobre las generaciones más jóvenes. No basta con cambiar el nombre del sistema. Hay que explicar quién paga la transición, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias. Y esa es precisamente la discusión que seguimos evitando. No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores, ni de negar la importancia de unas pensiones suficientes. Se trata de reconocer que cada compromiso tiene un coste, que los recursos son limitados y que la solidaridad intergeneracional exige cierta reciprocidad. Una solidaridad en la que una generación puede decidir sobre los beneficios y trasladar buena parte de los costes a otra que apenas ha podido participar en esas decisiones merece, como mínimo, una discusión pública seria. Feijóo tendrá que explicar qué sacrificios propone y quiénes deberán asumirlos. Y el Gobierno debería explicar con idéntica claridad cuáles está imponiendo ya mediante mayores cotizaciones, impuestos, transferencias y endeudamiento. Porque, cuando termine la campaña electoral, el envejecimiento seguirá ahí. También las obligaciones adquiridas, las dificultades de acceso a la vivienda, el estancamiento salarial y las necesidades de inversión. Los sacrificios son inevitables. Que recaigan desproporcionadamente sobre quienes menos capacidad han tenido para decidirlos no debería serlo. De eso trata el artículo de Jon González. Y por eso merece la pena leerlo entero. lapromesageneracional.substa…