Mensaje para el Señor Presidente de la República @ABDELAESPRIELLA y @carlossuarezr Me permito poner en su conocimiento, con la formalidad que exige su investidura y la firmeza que demanda la gravedad de los hechos, una situación que afecta directamente la integridad de una entidad del Estado PRO-LIBERTADES y que, de no ser atendida con celeridad, constituye un riesgo institucional de primer orden. La señora Lina María Garrido Martín(@linamariagarri1) identificada con cédula de ciudadanía 1.116.777.084, ocupa el cargo de Directora General de Agencia, Código E3 Grado 5, de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en virtud del Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026 y del Acta de Posesión N.º 004 de la misma fecha. Para acceder a dicho empleo de libre nombramiento y remoción, acreditó una experiencia profesional que, según la documentación aportada ante las autoridades competentes y los registros públicos consultados, presenta inconsistencias graves que configuran, a juicio de los denunciantes, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal e inducción en error al nominador, además de una posible falta disciplinaria gravísima y un detrimento patrimonial al Estado. En particular, la servidora pública certificó haber desempeñado el cargo de Directora de la Asociación de Ganaderos de las Sabanas de Arauca (ASOSABANA), NIT 901141467-9, entre el 13 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2022. Sin embargo, los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Arauca y la respuesta oficial de esa entidad del 8 de octubre de 2026 (radicado CDCCAE26-2201) dan cuenta de que únicamente se encuentra inscrita el Acta de Constitución de la asociación, fechada el 19 de diciembre de 2017, y que no existen actas posteriores registradas. En ninguno de los documentos públicos de la Cámara aparece el nombre de la señora Garrido Martín, ni se evidencia la existencia estatutaria del cargo que ella alegó haber ejercido. De las cinco certificaciones de experiencia presentadas para el nombramiento, tres son objeto de cuestionamiento formal por los mismos motivos. Estas irregularidades han dado lugar a las siguientes actuaciones, radicadas el 13 de octubre de 2026: Denuncia fiscal ante la Contraloría General de la República por presunto detrimento patrimonial, radicado 2026ER0231600. Solicitud de control preferente excepcional ante la misma Contraloría, radicado 2026ER0230845. Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de fraude procesal (artículo 453 del Código Penal), falsedad en documento privado (artículo 289), cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio, concierto para delinquir y uso de documentos falsos. Queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con solicitud expresa de medida cautelar de suspensión provisional del cargo y compulsa de copias de las actuaciones penales. Señor Presidente: un funcionario que accede a un cargo de dirección en una entidad que administra el patrimonio público y la política de tierras del Estado mediante la posible falsificación o adulteración de sus soportes de experiencia no representa un simple problema administrativo. Representa un peligro para la legalidad del acto de nombramiento, para la correcta administración de los recursos de la Nación, para la confianza ciudadana en las instituciones y para la legitimidad misma de las decisiones que se tomen desde ese cargo. La Agencia Nacional de Tierras no puede estar encabezada por una persona sobre quien pesan, de manera simultánea y documentada, investigaciones fiscales, penales y disciplinarias por haber inducido en error al nominador. En un Estado de Derecho, la investidura no confiere impunidad ni inmunidad frente a la evidencia. La verdad documental no se negocia. Por ello, le solicito, con el respeto debido a su investidura y con la claridad que el asunto exige, que ordene a las autoridades competentes la priorización inmediata de estas investigaciones y que, mientras se resuelve de fondo la veracidad de los documentos que sustentaron el nombramiento, se evalúe la procedencia de separar a la señora Lina María Garrido Martín del cargo, en salvaguarda del interés público y de la integridad de la entidad. La República no puede permitirse que la falsedad se instale en los altos cargos del Estado. Menos aún cuando las pruebas documentales y los radicados oficiales ya están sobre la mesa. Atentamente, Armando Capito (Armando Luis Angulo Paternina) Ciudadano de la República de Colombia