Valentín

Ante las protestas en el Estado español, las fuerzas de seguridad tienen el deber de respetar, facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, incluida la desobediencia civil pacífica. A lo largo de la historia, las protestas han sido la fuerza motriz de muchos de los movimientos sociales más poderosos, que han sacado a la luz injusticias y abusos, han exigido rendición de cuentas y han inspirado a las personas para que sigan esperando un futuro mejor. Sin embargo desde Amnistía Internacional llevamos años denunciando que en toda Europa el derecho de reunión pacífica está sufriendo una fuerte embestida a medida que los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos para acallar la disidencia. Estas preocupaciones también las venimos señalando con respecto a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el Estado español. El uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso, con legalidad y proporcionalidad, y cualquier denuncia de abuso debe investigarse de forma rápida, independiente y exhaustiva. Además, sigue pendiente una asignatura clave: las Leyes Mordaza, vigentes desde 2015, siguen sin reformarse pese a las denuncias internacionales y a los compromisos del Gobierno.