Franfit Inversor

Siempre insisto en que el problema fundamental de las pensiones en España es sencillo de enunciar: con una población envejecida, hay un límite a cuánto podemos gastar en ellas. Determinar ese límite es, desde una perspectiva analítica, básicamente independiente de la estructura del resto del presupuesto de las administraciones públicas. Y también es básicamente independiente de que el sistema sea de reparto, como el que tenemos ahora, o de capitalización. Ese es el motivo por el que nunca me tomo demasiado en serio a quienes sostienen que la “solución” consiste en movernos a un sistema de cuentas privadas: cambiar el envoltorio contable no altera la restricción de recursos. Tristemente, una parte muy importante de los votantes y de los creadores de opinión en España se niega a admitir esta premisa básica. Hace unas horas volví a colgar un post que escribí hace un año, en el que explico la idea en detalle: xitter.cf/JesusFerna7026/status/… Aquel post respondía a dos entradas de @ldpsincomplejos que eran una colección fatua de falacias. Como no me apetecía enzarzarme con ellas, me limité a indicar a mis lectores dónde podían encontrar la respuesta. La vida, sin embargo, es paradójica, y lo que era mi respuesta a un periodista de derecha pura ha terminado siendo atacado por un destacado dirigente histórico de la izquierda española, @GLlamazares. Dejemos por un momento de lado que, como en tantos otros casos, la derecha y la izquierda más rancias coincidan en defender las instituciones que impiden el crecimiento y el bienestar de los españoles, y entremos en el fondo del asunto. @GLlamazares argumenta que: “Si fuera algo tan obvio, cabría preguntarse por qué izquierdas y derechas, con el asesoramiento de los actuarios, profesores universitarios y técnicos de la SS, finalmente consensuamos en el Pacto de Toledo el actual modelo de pensiones. Con un coste de oportunidad equiparable.” Le agradezco sinceramente el comentario, porque plantea la cuestión con una claridad que a mí me habría costado alcanzar. Hay dos respuestas: una obvia y otra más sutil, aunque, a la postre, más importante. La respuesta obvia es que la economía española de 2026 se parece poco a la de 1995. Y, desafortunadamente, los desarrollos más importantes han ido en la dirección de empeorar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Primero, la productividad lleva estancada desde hace tres décadas. Crecemos desde hace años metiendo más gente a trabajar, que no es más productiva, y eso solo agrava el problema a medio y largo plazo. Segundo, la fecundidad sigue muy por debajo del nivel de reemplazo, y lleva tiempo suficiente como para que sus efectos ya estén en la pirámide de población, no en las proyecciones. Lo que podía tener sentido en 1995 ya no lo tiene en 2026. La respuesta más sutil es que todo el argumento es una simple apelación al consenso. Y un acuerdo, entre los representantes de los reciben las prestaciones (los votantes en 1995) y en ausencia de quienes habrán de pagarlas (las generaciones futuras no nacidas o menores de edad en 1995), no constituye un test de solidez técnica. En economía política, el Pacto de Toledo no es prueba de que el modelo fuera bueno. Es el hecho que hay que explicar. Y la explicación es que la política se estudia mejor sin romanticismo. Izquierdas y derechas acordaron en 1995 lo que acordaron porque respondían a los intereses de sus votantes, que son las generaciones beneficiadas por el sistema actual, diseñado por el franquismo en 1963 para ser intertemporalmente insostenible. Siempre me hace gracia, aunque no me sorprende, que los mayores defensores de las estructuras económicas franquistas en España estén hoy en la izquierda. Los perjudicados, en cambio, las generaciones futuras, no estaban representados en el Pacto de Toledo, sencillamente porque no habían votado a nadie. Muchos ni siquiera habían nacido. Ni la izquierda ni la derecha tenían incentivo alguno para proteger sus intereses y los políticos, siempre, responden a los incentivos electorales. Las democracias sufren un problema fundamental: votan los adultos, pero no los menores de edad ni quienes nacerán dentro de tres décadas. Por eso, una y otra vez, las democracias posponen los ajustes. Lo necesario se hace solo cuando no queda más remedio, lo cual suele ser demasiado tarde. Ni yo ni nadie tenemos una solución a este problema. Las dictaduras, de hecho, son todavía peores a este respecto, pues su horizonte rara vez excede el ciclo vital del dictador de turno. Históricamente, esta capacidad de trasladar costes al futuro tenía un límite: el de la capacidad de emitir deuda. Hoy los estados modernos pueden emitir mucho más, y con poblaciones envejecidas, los votantes posponen decisiones clave, no solo en pensiones, sino en decenas de otros retos, con la esperanza razonable de haberse muerto antes de que llegue la factura. La respuesta al comentario de @GLlamazares es, pues, meridianamente transparente para quienes no dependemos de los votos de las próximas elecciones: el Pacto de Toledo no demuestra que el modelo sea sostenible. Demuestra que en 1995 nadie tenía incentivo alguno para hacerlo sostenible. Nota 1: La frase “Con un coste de oportunidad equiparable” emplea incorrectamente el concepto de coste de oportunidad. Pero no merece la pena insistir en ello. Nota 2: El infográfico me lo ha pasado @SergioRiv98, que tiene muy buen ojo para el diseño.

¿Cuál es el problema de las pensiones contributivas en el País Vasco y su sistema de concierto? 1. El sistema de Seguridad Social de reparto, creado en 1963, implicaba una tasa interna de retorno excesiva. El problema existía ya en 1963, con los parámetros demográficos y económicos de la época. 2. Una tasa interna de retorno excesiva quiere decir, en un sistema de reparto, que el valor presente descontado de las prestaciones futuras es superior al valor presente descontado de las cotizaciones sociales, empleando la tasa de descuento que garantiza que el sistema sea sostenible a lo largo del tiempo: la tasa de crecimiento de los ingresos del sistema. 3. Esto implica que los pensionistas contributivos en 2026 están recibiendo una pensión entre un 45% y un 60% más alta de lo que les correspondería actuarialmente. 4. Esta diferencia es particularmente costosa en términos presupuestarios para las pensiones contributivas más altas: un 45% de 45.000 euros (cerca de la pensión bruta anual máxima) es mucho más que un 45% de 20.000 euros. 5. Esto conduce a que el sistema de pensiones contributivo tenga un déficit grave y creciente. 6. Miguel Ángel García, a, que ha sido director general de Ordenación de la Seguridad Social y director del Gabinete Económico Confederal de CC.OO., ha estimado que el déficit de las pensiones contributivas (la diferencia entre los pagos de pensiones contributivas de la Seguridad Social y clases pasivas y las cotizaciones sociales contributivas) fue en 2024, el último año con cifras completas, de 61.140 millones de euros (copio su cuadro con todas las cifras). 7. Estos 61.140 millones de déficit contributivo no incluyen las pensiones no contributivas. Esos pagos van por otro lado. 8. Incluso los complementos a mínimos de las pensiones contributivas representan solo una pequeña parte del déficit contributivo: 7.873 millones. 9. Estos 61.140 millones de euros de déficit contributivo se cubren mediante transferencias del Estado (45.782 millones), otros ingresos menores y deuda (que, en el futuro, se pagará con más transferencias). 10. Es decir, en estos momentos el 30,1% del coste de las pensiones contributivas no se paga con las cotizaciones sociales de la caja única, sino con otros ingresos del Estado, presentes (transferencias) o futuros (deuda). 11. Este porcentaje en el País Vasco es incluso mayor, ya que sus pensiones contributivas son más altas de media (recordemos que el que los sueldos en el País Vasco fueran más altos en el pasado agrava el problema; no es una “deuda histórica” que esten ahora los pensionistas vascos recibiendo, porque la tasa interna de retorno del sistema está por encima de la sostenible) y por su demografía muy desfavorable. 12. Aunque es difícil tener una cifra exacta (por ejemplo, ¿cómo consideramos a los pensionistas que cotizaron parte de su vida en Burgos y parte en Álava?), el déficit del sistema contributivo en el País Vasco es de unos 5.000 millones anuales. 13. Pero aquí está el problema central: las transferencias del Estado que cubren el déficit contributivo se financian exclusivamente con los impuestos recaudados en las 15 comunidades del régimen común. 14. La consecuencia es que un trabajador de Barcelona paga IRPF e IVA para cubrir al menos el 30% de la pensión contributiva de un jubilado de Bilbao. 15. En cambio, el IRPF y el IVA del trabajador de Bilbao se quedan exclusivamente en el País Vasco, salvo el pago del cupo por los servicios comunes del Estado (embajadas, defensa, etc.). 16. Pero este cupo no incluye ni un solo euro del déficit de las pensiones contributivas. 17. Es decir, las 15 comunidades del régimen común transfieren anualmente unos 5.000 millones al País Vasco para cubrir su déficit de pensiones contributivas, sin que este asuma ninguna responsabilidad al respecto. 18. Dado que la cuantía actual del cupo es de unos 1.468 millones, el País Vasco sale a recibir un mínimo de 3.500 millones anuales de renta del resto de España (excepto Navarra). 19. En realidad, la cifra es más bien cercana a los 6.000 millones, porque el ajuste del IVA está mal calculado y el cálculo del cupo es pura contabilidad ficción, pero olvidémonos por un momento de ello. 20. Todas las comunidades del régimen común, excepto Madrid, son más pobres que el País Vasco y, aun así, transfieren renta a este. 21. Esto sí que es una violación del principio de ordinalidad que algunos economistas defienden con tanto énfasis en otras circunstancias. 22. Esto explica por qué el PNV quiere la gestión de los cobros y pagos del sistema de Seguridad Social (por ejemplo, para poder conceder complementos gracias a su financiación extra), pero no romper la caja única de la Seguridad Social (por mucho que sus ponencias programáticas, diseñadas para engañar a militantes ingenuos que no saben contabilidad, digan lo contrario). 23. La situación se irá agravando con los años por la revalorización de las pensiones contributivas y al acelerado declive demográfico del País Vasco. 24. Las excusas esgrimidas por los nacionalistas vascos no tienen sentido contable alguno. 25. Primero, ya he explicado que las pensiones actuales no son consecuencia directa de las cotizaciones sociales pasadas. El sistema se creó de manera insostenible en 1963. 26. Segundo, no hay ajuste alguno por “deuda” o “intereses de la deuda” generados por las transferencias del Estado a las pensiones contributivas en el cálculo del cupo, que, por otra parte, es totalmente opaco. 27. Que los partidos que se denominan de izquierda mantengan la boca absolutamente cerrada sobre este tema es un nivel de hipocresía sideral. 28. Que el PP nunca haya dicho nada al respecto, pese a que Montoro lo entendía perfectamente, demuestra una vez más que el PP solo busca votos para gobernar, no mejorar España. El PP y Montoro permitieron esta tropelía por el plato de lentejas de los votos del PNV en el Congreso de los Diputados (que luego descubrieron que no valían para mucho). 29. Que la mayoría de los “expertos” en financiación autonómica mantengan la boca absolutamente cerrada es asombroso (o quizá simplemente quieren estar a buenas con el poder y que les inviten a seminarios en San Sebastián). 30. Que los medios de comunicación nacionales no expliquen este tema a los ciudadanos es inexcusable.