Juan Antonio Sempere

Reforma publicó hoy en su primera plana una historia que parece escrita por un novelista con gran sentido del humor, o acaso refrenda la vieja frase atribuida a André Breton: México es un país surrealista. Resulta que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la dependencia del gobierno federal encargada de perseguir la corrupción, la han usado para extorsionar a empresarios. El mecanismo era sencillo. Alguien fabricó un oficio en papel membretado de la Secretaría, con la firma falsificada de su titular, Raquel Buenrostro Sánchez. El falso documento, fechado el 4 de junio de 2026 y dirigido al subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, ordenaba investigar a varios proveedores del gobierno por supuestos ilícitos. Alguien todavía no identificado se reunía con esos empresarios y les mostraba el papel. Después, otra persona que las autoridades tampoco han identificado les llamaba para ofrecerles "arreglar" el asunto a cambio de dinero. Algunos proveedores, en lugar de aceptar el chantaje, fueron a preguntarle a la propia secretaria Buenrostro. El 28 de julio pasado la Secretaría alertó al público sobre la existencia de documentos falsos con el nombre de la dependencia, y el 6 de agosto Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de esa secretaría, presentó una denuncia ante la fiscalía general de la República (FGR) contra "quien resulte responsable". El oficio falso aseguraba que la investigación se hacía a petición de Ulises Lara López, entonces fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR, quien renunció a mediados de julio sin que su salida se haya explicado. Nadie lo ha acusado de participar en la extorsión, pero hasta hoy no se sabe quién está detrás. ¿Hay alguna relación entre los extorsionadores y Ulises Lara? Hasta el momento nadie lo sabe. Lo interesante no es quién hizo esta extorsión, sino por qué funcionó. Falsificar una firma es relativamente fácil; cualquiera con paciencia copia un garabato hasta que se parezca al original. Lo difícil es que alguien se lo crea. Y los empresarios se lo creyeron porque la Secretaría Anticorrupción tiene un poder real. Lleva meses revisando contratos y exhibiendo proveedores: a principios de noviembre, Buenrostro presentó públicamente el rastreo de las empresas que han vendido material electoral desde hace más de dos décadas. Cuando una oficina así dice que te investiga, uno no duerme tranquilo. Los casos de extorsión en la historia de México son incuantificables. Gente que dentro o fuera de las instituciones arma una mentira parecida o se aprovecha de los verdaderos delitos cometidos por alguien más abundan en el pasado mexicano. Se cuenta que uno de los periodistas más famosos de mediados del siglo XX, Carlos Denegri, era famoso porque visitaba a funcionarios para mostrarles dos artículos que había escrito sobre ellos: en el primero, Denegri daba a conocer que el referido funcionario había cometido algún delito que ameritaba que lo metieran a la cárcel; el segundo lo presentaba como un patriota de los que ya no hay en México. Y Denegri entonces sólo preguntaba: “¿cuál quieres que publique y cuánto me vas a pagar por hacerlo?” Sin embargo, el caso que hoy incumbe a la Secretaría Anticorrupción es todavía más grave, pues alguien se atrevió a falsificar el documento y la firma de su titular Raquel Buenrostro. Y me recuerda a otro caso que fue muy famoso, aunque diferente, en el que el criminal logró corromper a uno de los funcionarios mexicanos más importantes en la lucha contra el narcotráfico. En diciembre de 1996, el presidente Ernesto Zedillo nombró al general de división Jesús Gutiérrez Rebollo titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el órgano de la entonces Procuraduría General de la República encargado de combatir al narcotráfico. Gutiérrez Rebollo tenía fama de ser un tipo duro. El 21 de agosto de 1989, tropas bajo su mando en Culiacán, Sinaloa, habían detenido al famoso narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”. Años más tarde, en 1997, el zar antidrogas de la Casa Blanca, el general Barry McCaffrey, elogió en público su integridad, y además señaló que Gutiérrez Rebollo era “un tipo sumamente serio” y muy comprometido con la cooperación bilateral contra los cárteles de la droga. Tres semanas después, todo se vino abajo. El 18 de febrero de 1997, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, anunció la detención de Gutiérrez Rebollo en presencia del presidente Zedillo y del procurador Jorge Madrazo Cuéllar. Todo empezó días antes, el 6 de febrero, cuando un subordinado del general Gutiérrez Rebollo, el subteniente Juan Galván Lara, lo denunció ante la Secretaría de la Defensa Nacional. La investigación militar descubrió que el departamento donde vivía Gutiérrez Rebollo en la Ciudad de México se lo había proporcionado un empleado de Amado Carrillo. Había, además, una grabación en la que ambos hablaban de los sobornos que el militar recibiría por hacerse de la vista gorda. El hombre encargado de perseguir al narcotraficante más poderoso del país en realidad lo estaba protegiendo. Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de prisión y murió en el Hospital Central Militar el 19 de diciembre de 2013. El INCD no sobrevivió al escándalo: ese mismo 1997, el procurador Madrazo anunció su desaparición y la creación de una nueva fiscalía especializada. Una institución entera pagó la corrupción de su jefe. Hay que señalar que los dos casos no son iguales, pero sí comparten elementos en común que los hacen parecidos. En 1997 el INCD fue capturado desde adentro: su titular estaba comprado por el narcotráfico. En 2026, hasta donde se sabe, la Secretaría Anticorrupción fue suplantada desde fuera: alguien se apropió del nombre de la titular, su sello y su firma. Pero debajo de la diferencia hay una misma estructura. En ambos casos, lo valioso no era el general ni la secretaria. Era el poder de la institución, la información que acumula y su capacidad de castigar o de perdonar. El académico estadounidense Robert Klitgaard lo resumió en 1988, en su libro Controlling Corruption, con una fórmula que se cita desde entonces: corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Las oficinas creadas para combatir un mal como el narcotráfico o la corrupción suelen tener mucho de lo primero, bastante de lo segundo y poco de lo tercero. Por eso atraen a dos tipos de depredador. Uno quiere comprarlas, como el narco compró al general, porque el INCD sabía dónde y cuándo serían los operativos. El otro quiere imitarlas, como los extorsionadores de 2026, porque el nombre de la Secretaría hace temblar a un proveedor. La revisión de estas dos historias nos permite entender tres aspectos: Primero, que el poder de una institución tiene dos caras. Entre más temida es, más eficaz resulta, y también más rentable se vuelve suplantarla o corromperla. A nadie se le ocurre extorsionar con un oficio falso de una oficina que no asusta a nadie. Segundo, que las instituciones de vigilancia necesitan sus propios vigilantes, quizá más que cualquier otra. No porque quienes las encabezan sean sospechosos, sino porque concentran justo el poder que el adversario necesita. Y tercero, que cuando el mal logra entrar a esas instituciones, el costo no lo paga sólo el culpable. Lo paga la credibilidad de toda la institución. En 1997 desapareció el INCD. En 2026 todavía no sabemos cuánto le costará este episodio a la Secretaría, pero cada proveedor que recibió el oficio falso aprendió a dudar de su papel membretado. Hacia el año 100 después de Cristo, el poeta romano Juvenal escribió en sus Sátiras una pregunta que sigue sin respuesta: Quis custodiet ipsos custodes?, "¿quién vigilará a los propios vigilantes?". La escribió pensando en los guardias que los maridos ponían a sus esposas, pero la pregunta sobrevivió a su contexto porque describe un problema que no envejece. Toda institución creada para perseguir un mal acumula el poder que ese mal necesita. Por eso, tarde o temprano, el mal intenta comprarla o imitarla. La próxima vez que leas que una oficina encargada de combatir algún problema que afecta a millones de personas, (como las drogas, la corrupción o el crimen) tiene más poder que nunca y además el gobierno lo presume, hazte la pregunta de Juvenal. Todos dicen tener la verdad sobre el pasado. ¿Cómo saber a quién creerle? Hoy cualquiera habla de historia en redes con total seguridad: que México sólo es indígena, que la Conquista fue un acto de amor. Y si no sabes cómo se construye la historia, terminas creyéndole al que grita más fuerte. En ¿Quién te cuenta la historia? aprenderás qué es la historia, cómo se escribe y si podemos confiar en los historiadores. Así distinguirás la buena historia de la mala y opinarás con autoridad. Son cuatro sesiones grabadas de 90 minutos que ves a tu ritmo. El 19 de noviembre recibes los enlaces. Incluye material extra y diploma. Para más información, escribe a clionautica@gmail.com