En el INE, quienes representaban a empresas proveedoras terminaron ocupando cargos dentro del propio instituto. Reforma revela que hasta el chofer de Guadalupe Taddei aparece como apoderado de una contratista. Mientras tanto, empresas vinculadas obtuvieron una adjudicación directa por 197 millones de pesos. ¿Quién vigilaba a quién? La ley permite investigar de oficio, sancionar conflictos de interés y castigar el encubrimiento. La renuncia de un funcionario no extingue sus posibles responsabilidades. Si las autoridades conocían estas relaciones, deben explicar qué investigaron, qué resolvieron y por qué. El silencio institucional no sustituye una resolución. La autonomía del INE no es una licencia para la opacidad ni un escudo frente a la justicia. Una institución encargada de garantizar elecciones confiables debe demostrar que sus propios contratos se adjudican con legalidad.