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Estimada Sra. Ministra: Le agradezco el tono institucional y la voluntad de diálogo que expresa en su escrito. Comparto plenamente la necesidad de preservar la atención a la ciudadanía y de encauzar cualquier discrepancia por vías legales y democráticas. Precisamente por ese mismo motivo, me veo en la obligación de trasladarle con claridad por qué el texto del Anteproyecto de Estatuto Marco, en su redacción actual, no solo no resuelve los problemas estructurales que afectan al ejercicio médico en el Sistema Nacional de Salud, sino que consolida algunos de ellos. El núcleo de mi desacuerdo no es corporativo ni retributivo. Es estructural, asistencial y de seguridad clínica. Desde hace años vengo señalando, junto a muchos compañeros, una realidad objetiva: el SNS funciona sostenidamente gracias a un nivel de sobrecarga profesional que desborda de forma habitual los límites legales de jornada, descanso y responsabilidad asumible. Esta situación no es coyuntural ni atribuible únicamente a decisiones organizativas de las comunidades autónomas, sino que deriva directamente del marco estatutario común que regula la jornada, las guardias, la responsabilidad profesional y la falta de reconocimiento específico del ejercicio facultativo. El texto propuesto mantiene intactos los elementos que han generado esta situación: • No establece un límite efectivo y protegido de jornada máxima real compatible con la seguridad del paciente. • Mantiene el modelo actual de guardias como pilar estructural del sistema sin reconocer su carácter excepcional. • No diferencia normativamente la responsabilidad clínica del médico del resto de categorías profesionales, pese a que dicha diferencia es la base jurídica de nuestro ejercicio. • No introduce mecanismos reales para evitar la sobreutilización estructural del facultativo como variable de ajuste del sistema. Entiendo que muchas condiciones laborales dependan de las comunidades autónomas. Pero precisamente por ello, el Estatuto Marco es el único instrumento capaz de fijar límites comunes que impidan que el funcionamiento del sistema descanse sobre el incumplimiento sistemático de esos límites. La petición de un estatuto propio para el personal facultativo no responde a un deseo de exclusión, sino a una necesidad técnica derivada de la singularidad jurídica, clínica y de responsabilidad que caracteriza el ejercicio médico. Esta singularidad está reconocida en múltiples ordenamientos comparables y no rompe el trabajo multidisciplinar; al contrario, lo ordena con mayor seguridad jurídica para todos. Comparto que existen cauces parlamentarios, iniciativas legislativas y vías de diálogo. De hecho, son precisamente esos cauces los que se están utilizando. Pero la movilización no nace de su inexistencia, sino de la percepción generalizada de que el texto acordado en la Mesa del Ámbito no ha incorporado las alegaciones técnicas esenciales realizadas por las organizaciones médicas a lo largo del proceso. Las movilizaciones no tienen como finalidad presionar mediante el perjuicio al paciente, algo que rechazo de forma explícita, sino trasladar a la sociedad y a sus representantes políticos la gravedad de una situación que compromete la sostenibilidad futura de la atención sanitaria si no se corrige ahora el marco normativo que la regula. Estoy seguro que quedan cauces de negociación y que no hay problema en retomar el diálogo.