SEGUNDA PARTE | La nota de la @lasillarota también afirma, sin la menor prueba, que durante mi gestión se dejó de apoyar a la comunidad científica. Una afirmación completamente alejada de la verdad. Es indispensable acudir a los datos públicos y a los resultados documentados, frente a esa esquiva práctica, poco ética, de no preguntarme de manera directa mi versión. Por ello, quiero compartir algunos indicadores que permiten dimensionar los avances en los apoyos a estudiantes, investigadoras e investigadores durante el Gobierno del presidente @lopezobrador_, en comparación con la etapa del periodo #Neoliberal: 🔹 Más de 90 mil becas de posgrado al cierre de 2023. Además, con un presupuesto histórico: pasó de 9500 millones de pesos en 2017 a 13 mil millones en 2023, un incremento de 38%. 🔹 Previo a 2018, pasamos de una exclusión de programas con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad #PNPC, a incorporar cerca de mil programas de posgrado en el #SNP, Sistema que alcanzó 95% de gratuidad en los programas públicos. 🔹 4,789 apoyos administrados para estancias posdoctorales nacionales a junio de 2024, cifra cercana al 600% más que en 2018. 🔹 44,021 integrantes activos del #SNII en junio de 2024, lo que representó un 53% más respecto a 2018. 🔹 Un incremento de 350% en el número de mujeres con reconocimiento de eméritas en el SNII respecto de 2018. 🔹 91.4% de los apoyos del Conahcyt se destinaron al sector público entre 2019 y 2024; mientras que en el “Conacyt neoliberal”, la distribución correspondía a 46% de apoyo al sector privado. La diferencia entre ambos periodos está en las prioridades: ampliar la cobertura de las becas, fortalecer la formación de nuevas generaciones y consolidar una política de posgrado con mayor inclusión, gratuidad y compromiso social. Detrás de cada cifra hay personas que pueden continuar sus estudios, desarrollar su talento y contribuir a resolver los grandes problemas nacionales. Estos datos son apenas una muestra de lo logrado en #HCTI, un sector que durante décadas estuvo marcado por políticas que privilegiaron la transferencia de recursos públicos a empresas privadas —incluidas grandes corporaciones nacionales y transnacionales—, la mercantilización de la formación de posgrado y una visión de la ciencia subordinada a criterios de competitividad empresarial, con frecuencia desvinculados de las necesidades prioritarias del país. Les invito a consultar mi libro, donde comparto información rigurosa y reflexiones en la materia, con la idea y convicción de que la discusión pública merece datos y argumentos, no narrativas mediáticas que omitan los resultados de una política pública. La comunidad científica y el pueblo de México merecen información completa, verificable y responsable sobre el uso de los recursos públicos y los resultados alcanzados. 📖 Mi libro, publicado por @tirantmexico: acortar.link/Q8mjl3

PRIMERA PARTE | Para los medios de derecha el garantizar el derecho a una alimentación saludable es un lujo “gourmet”. En política no hay coincidencias. Justo después de la publicación de mi libro "El Sistema Nacional de Posgrados del Conahcyt: Gratuidad, inclusión, compromiso social y soberanía nacional", @lasillarota difunde una nota sin rigor ni sustento que afirma “María Elena Álvarez-Buylla: prefirió pagar menús gourmet que apoyar a científicos en su paso por Conacyt”. ¡FALSO! Mientras contenidos así sirven al sicariato político, porque nunca me buscaron para contrastar mi versión, ni citan ningún dato oficial que sirva de sustento a esa afirmación dolosa, seguiré usando este medio para defenderme de las mentiras. La propuesta del comedor fue concebida para garantizar un derecho laboral de las y los trabajadores: contar con desayunos y comidas nutritivos, saludables y a precios subvencionados. No se trataba de ofrecer alimentos “gourmet”, sino de construir un modelo virtuoso que articulara la agroecología con la alimentación saludable, al tiempo que apoyara directamente a pequeños agricultores y comunidades campesinas que mantienen viva nuestra riqueza biocultural y cultivan alimentos sanos. Para ello, impulsamos un sistema de subvención colectiva y escalonada, en el que la aportación de cada persona se ajustaba a sus ingresos, de modo que quienes percibían salarios más bajos recibieran mayores apoyos. Era una propuesta que buscaba conciliar el bienestar de las y los trabajadores con la justicia social, el cuidado ambiental y el fortalecimiento de la producción campesina, y que podía servir como modelo replicable en otras instituciones públicas. Esta nota, además de falsa, consigna una contradicción que merece señalarse: cuando se habla de los saberes y las prácticas de las comunidades campesinas, con frecuencia se les descalifica o se les asocia con la pobreza; pero cuando se busca construir un golpe mediático, se recurre al término “gourmet” para, de cierta forma, “ridiculizar” una propuesta que precisamente reconocía el valor de la alimentación saludable, la producción agroecológica y el trabajo de quienes cultivan nuestros alimentos. Llamar “gourmet” a los alimentos libres de pesticidas como lo hace este medio, no sólo es erróneo sino tendencioso. La alimentación adecuada es parte del bienestar y que las decisiones públicas también pueden contribuir a transformar nuestros sistemas de producción y consumo, en favor de la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. La existencia de este comedor y el cumplimiento del derecho a las personas trabajadoras no significó dejar de apoyar a estudiantes, investigadoras e investigadores, porque se trata de dos asuntos distintos que no están supeditados. Garantizar una alimentación saludable no es un lujo, sino parte del bienestar y de los derechos laborales. Lo verdaderamente valioso de esta propuesta fue demostrar que las instituciones públicas pueden promover modelos que vinculen salud, agroecología, justicia social y cuidado ambiental, reconociendo el trabajo de las comunidades campesinas. Si a eso le llaman “gourmet”, queda claro que tenemos una idea muy distinta de lo que significa garantizar derechos y poner el bienestar colectivo en el centro de las decisiones públicas.