¡Impresionante el desprecio del Gobierno de De la Espriella por San Andrés y Providencia! Monta un show contra la gobernadora y la representante, sin presentar pruebas, para dárselas de anticorrupto. Como si no gobernara junto a los clanes políticos más corruptos del país. Y el desprecio también se expresa en el presupuesto. En todas las propuestas que el gobierno ha presentado San Andrés y Providencia sufre recortes en la inversión en términos reales con respecto a 2026. Laureano Gómez, abuelo del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificaba las herencias indígena y africana como “estigmas de completa inferioridad”. ¿Será por eso que además de San Andrés otros de los departamentos que más pierden inversión, como Chocó, Vichada y Atlántico, son de los más diversos étnicamente del país? Son una vergüenza. Tras de austericidas, racistas.

Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina. Sí, siempre voy a privilegiar el diálogo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero dialogar no significa guardar silencio frente a los abusos ni renunciar a mi deber de exigir explicaciones cuando hay denuncias de actuaciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra quienes se manifiestan. Que lo sepan: soy Mafe Carrascal y aquí estoy y aquí seguiré, defendiendo el derecho de las juventudes a expresarse, a protestar y a exigir un país distinto. No voy a abandonar a quienes ejercen sus derechos en las calles. Mi compromiso es con la gente y con la defensa de sus libertades. Cumplir con el deber no significa levantar las armas contra el pueblo. Significa proteger sus derechos y garantizar que la autoridad actúe dentro de los límites de la Constitución y la ley. ¿Les incomoda que levante la voz? La voy a seguir levantando, con más fuerza y con argumentos. En los últimos días hemos visto intentos de presentar las movilizaciones como si todas hubieran sido violentas. No podemos generalizar ni estigmatizar a quienes protestan pacíficamente. Ningún decreto está por encima de la Constitución ni puede convertirse en una autorización para desconocer los derechos de la ciudadanía. Las actuaciones de las autoridades deben respetar la ley, y cualquier posible abuso debe investigarse. La protesta social no es un delito y defender ese derecho también es parte de mi responsabilidad como representante a la Cámara.