(1/2) Sí, el nuevo Código Penal necesita una reforma antes de entrar en vigor. No, la propuesta 01705-2026 que el Ejecutivo hizo llegar a través del presidente del Senado no es la reforma que necesita. Corrige algo, deja mucho intacto y en un punto grave retrocede. La Ley 74-25 entra en vigor el 3 de agosto. Puede ser modificada durante la vacatio. El problema es otro: el proyecto fue depositado el 10 de julio, aún está en comisión, pretende cambiar 18 artículos con 24 días de margen y no prorroga el art. 393. Señalarlo no es oponerse al Código. Su aprobación moderniza tipos penales, protege mejor a muchas víctimas e introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Precisamente porque es una reforma trascendente, debe comenzar bien. Tampoco se exige que toda norma penal tenga precisión matemática. El Derecho necesita conceptos que el juez interprete. Pero una cosa es interpretar y otra suplir elementos ausentes, resolver contradicciones o reparar una protección que el legislador eliminó. Solo cuatro de los 18 artículos guardan relación directa con libertad de expresión: 192, 208, 211 y 310. Los demás mezclan bullying, delitos sexuales, quiebra, malversación, proxenetismo y certificados médicos. No se explica el criterio de selección. Veamos. Arts. 121-123. Exigir reiteración, sistematicidad y daño grave mejora el hostigamiento. Pero restringirlo a ciertos ámbitos crea vacíos, se solapa con el acoso del art. 143 y no agrava claramente el suicidio derivado del hostigamiento cibernético. Art. 141. Corrige “veinte años de prisión mayor” para decir “veinte años”, pero borra el plazo de 30 años desde la mayoría de edad para delitos sexuales contra menores. Una agresión a los 8 años prescribiría a los 28, en vez de a los 48. Hay que ver quién se inventó eso. Art. 142. Es positivo excluir contextos artísticos, científicos, educativos y privados. Pero el párrafo I agrava el acto ante menores cualquiera sea la forma o el medio, mientras el II excluye ámbitos privados sin afectación. La relación entre ambos debe aclararse. Arts. 144, 170 y 176. Aquí hay, sobre todo, aumentos de pena y correcciones de redacción. Pueden discutirse, pero no justifican una reforma de emergencia ni sustituyen un análisis de proporcionalidad y coherencia con las escalas generales del Código. Art. 192. Esta sí es una corrección importante. Ya no bastaría publicar cualquier imagen sin consentimiento. Se exige contenido obtenido en un ámbito privado o confidencial, afectación grave a la intimidad y ausencia de interés público legítimo. La solución queda a medias: elimina el tratamiento específico de audios, imágenes o videos falsos o alterados, justo ante el auge de deepfakes y clonación de voz. Hace falta un tipo separado, con dolo y finalidad lesiva, que preserve la expresión legítima. Hay una paradoja: al promulgar el Código, la Presidencia presentó como avances tanto los deepfakes con fines de chantaje como el plazo especial para delitos sexuales contra menores. El proyecto promovido ahora elimina ambas previsiones…¿y entonces? Art. 207. Se reduce la pena del perjurio con resultado económico, pero se conserva una regla insostenible: imponer al perjuro la misma pena que resulte impuesta a la víctima. La sanción depende así de otro proceso y no de su culpabilidad y del daño causado. El honor merece protección. Una imputación fáctica falsa, grave y dolosa, y con mayor razón una amenaza extorsiva, no queda inmunizada por llamarse “libertad de expresión”. El reto es definir con rigor el abuso sin convertir la crítica legítima en delito. Art. 208. El proyecto baja la prisión por difamación de 2-5 a 1-2 años, pero mantiene la cárcel y no exige que el hecho imputado sea falso. Una información verdadera que afecte el honor todavía puede caer, en principio, dentro del tipo penal.