Hoy la Legislatura sancionó una ley que habilita a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras hídricas. En otras palabras, se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino. Por eso, dejé sentado mi rechazo a esta iniciativa. Se trata de un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente. Es grave que un proyecto de esta magnitud haya llegado al recinto sin pasar por comisión, sin debate y sin escuchar al sector. No se puede hablar de defender la producción y después habilitar que se utilicen para otros fines recursos que tienen un destino específico.