Invitamos a leer y difundir este texto ENTRE LA MINERIA LEGAL E ILEGAL UN SOLO ABRAZO, LA CORRUPCIÓN Por Alberto Acosta, Carlos Zorrilla, Pocho Álvarez “Una mina de oro no tiene nada de mágico. Desnuda y perforada, todo, tierra y sin árboles,vallada por los cuatro costados, una mina de oro recuerda un campo de batalla devastado por la guerra.” Nelson Mandela La codicia se expande por el mundo: acumular a como dé lugar, es la consigna. Ecuador no es la excepción. Y en este empeño cobra cada vez más fuerza una multiplicidad de actividades cargadas de ilegalidad y violencia, como es la explotación de oro. Esta actividad reproduce con brutal crudeza las patologías del extractivismo minero: prácticas rentísticas en la economía, sociedades clientelares, ciudadanías exánimes, gobiernos autoritarios… lo que alienta una desbocada corrupción y violencias generalizadas en tanto condiciones necesarias para impulsar la extracción de minerales. ¿Porqué se amplia tan aceleradamente la explotación de oro? El oro es en extremo atractivo. Entre muchas otras razones, la cotización de este mineral ha escalado muy alto en los últimos dos años, pasando de alrededor de 1.900 a 2.000 dólares por onza a más de 4.400 dólares por onza, en septiembre de 2026; esto representa un incremento superior al 100% en el período. Eso le vuelve más atractivo, mientras un kilo de oro bordea los 143.000 dólares, un kilo de cocaína, los 30.000 dólares. En estas circunstancias, no sorprende que su búsqueda se dé en un ambiente marcado por la corrupción: permisivo, con pocos controles y ausencia de voluntad política para normar su explotación. Además, traficar el oro es mucho más fácil que hacerlo con cocaína. Tener en casa oro no es ilegal, tener cocaína sí. El negocio del oro abre la puerta a diversas formas de lavado de dinero mal habido (muchas veces con la complicidad del sistema financiero, cabe acotar). A diferencia del narcotráfico, la minería ilegal permite a las mafias aprovechar sin problema cadenas de suministro legales, mezclando actividades ilícitas con comercio legítimo, para ocultar su participación y lavar dinero a través de empresas legales o fantasmas. Los grupos criminales se diversifican, actuando con la misma lógica que una empresa formal que busca diversas opciones de negocio en actividades legales o no, destacándose, entre estas últimas, las extorsiones, las vacunas, la trata de personas, el contrabando de armas y combustibles, el sicariato, el lavado de activos, etc., etc. La minería ilegal tiene enlaces internacionales con diversas actividades delictivas y no delictivas. Esto se agrava con la existencia de centenares de pasos clandestinos compartidos con Colombia y Perú que debilitan el control del Estado y permiten que las organizaciones delincuenciales transnacionales, adquieran el oro y abastezcan a los enclaves mineros con insumos críticos como: explosivos y mercurio.1 En este contexto, las exportaciones de oro han crecido exponencialmente. El año 2024 se estima que Ecuador exportó unos 5 mil millones de dólares en oro: 1.170 millones del proyecto minero Fruta del Norte, 1.300 millones a través de unas 59 personas sin registros en el SRI2, el resto no tiene una trazabilidad clara. Un dato no actual, pero decidor: en el 2019 Ecuador reportó que se exportaron a China 76 millones de dólares en oro, mientras que el país asiático registró el ingreso de 339 millones, es decir que 263 millones salieron clandestinamente sin que se haya establecido cómo.3Lo cierto es que los envíos no son verificados con procedimientos técnicos por el personal de aduanas, ni de la Arcom.4 Las dimensiones que ha alcanzado la minería ilegal, ya sea como un vehículo para lavar el dinero proveniente del narcotráfico o como una línea de negocio por sí sola han escalado a tal nivel que al menos, más de la mitad de las exportaciones totales de oro del Ecuador provienen de actividades mineras fuera de la ley. El Instituto Peruano de Economía IPE (2024) y el Global Initiative Against Transnational Organized Crime(2016) estimaban que entre el 70% y el 77% del oro que exporta Ecuador tiene como origen la minería ilegal mientras que la Cámara de Minería del Ecuador y las FFAA sitúan la cifra en el 67%.5 ¿Sin la minería legal, nos vemos forzados a sufrir la minería ilegal? Totalmente falso. El incremento de la minería ilegal en Ecuador, como sucede en otros países, solo es posible por los elevados niveles de complicidad estatal. Se multiplican las denuncias de tramas de corrupción, en la que están envueltos funcionarios del Estado, que se enriquecen de esas extracciones ilícitas a todo nivel (incluyendo policías y militares, pero más que todo, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía -MAE y la Agencia de Regulación y Control Minero -ARCOM). La opacidad y la complicidad está presente en toda la cadena: la emisión de permisos para minería y certificados de exportación, los registros de la maquinaria pesada y los de las plantas de beneficio, las investigaciones de múltiples irregularidades e ilegalidades, la ausencia de sanciones a las actividades ilícitas, la falta de seguimiento de las disposiciones de la justicia, por ejemplo, en lo que refiere a la reparación ambiental. Lo grave es que desde hace mucho tiempo atrás se conoce dónde hay minería ilegal. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, difundido en el segundo semestre del año 2020, en las páginas 109 a 112, se enlistaron los lugares donde se encontró minería ilegal, ubicándolos de forma precisa en cada provincia, cantón y parroquia. Según datos oficiales, antes de 2018, existían menos de 60 puntos de minería ilegal en el país, ya en el año 2024 se estimaba la existencia de más de 620 sitios de extracción ilegal de oro, a los que se debe añadir los enclaves dedicados al refinamiento, el transporte, la logística y la distribución del mineral.6En los últimos 5 años la minería ilegal se extendió de 10 a 22 de las 24 provincias que tiene el país; en al menos 14 provincias, la situación se cataloga como crítica, según datos de la Cámara de Minería del Ecuador. Además, el argumento de que surgirá la ilegalidad si no hay actividades legales se derrumba en varios lugares por las propias condiciones geológicas. Ese es el caso de la gran mayoría de yacimientos mineros auríferos del país, se prestan solo para ser explotado a gran o mediana escala dado el bajo contenido de oro por tonelada, la profundidad donde se encuentran los yacimientos, entre otros obstáculos; como son los casos de Loma Larga, Cascabel, Cangrejos, etc. A su vez hay otros casos en donde la suspensión de las actividades legales no ha derivado en una invasión de mineros informales por la resistencia comunitaria. El caso de Cajamarca, Perú, demuestra tajantemente que la minería legal no sirvió como remedio para frenar la minería ilegal. Allí, a pesar de contar con 538 concesiones mineras legales y la mina de oro mas grande de América Latina (Yanacocha), la minería ilegal, juntamente con la violencia, se dispara en ese distrito, el más pobre de ese país.7 Si la minería ilegal es tan destructiva, ¿por qué no se detiene su expansión y se la erradica de una vez por todas? Si se conoce con exactitud donde hay minería ilegal y los daños socioambientales que provoca, es obvio que la corrupción ha frenado y frena su combate. A más de las complicidades en diversas instancias estatales, las mineras legales pueden convivir y hasta lucrar de la minería ilegal sin generar su desaparición. Sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso podrían alentarla, quizás para aprovechar los trabajos de prospección de la minería ilegal o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica, tal como se experimentó en Esmeraldas o en Buenos Aires, Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Si se bloqueaba a tiempo este tipo de irregularidades, fortaleciendo la acción de comunidades que defienden sus territorios, algunas de las cuales hasta son criminalizadas por impedir la expansión minera, con seguridad no se habría llegado a esta situación extrema en la que el crimen organizado ha encontrado una actividad muy lucrativa que inclusive le sirve para financiar la expansión de sus otros tentáculos delictivos por todo el país e incluso fuera de él. Varios exámenes especiales de la Controlaría General del Ecuador han comprobado la falta de seguimiento y control por parte del MAE y ARCOM.8Esta última instancia, encargada de frenar la minería ilegal, está plagada por la corrupción y cuenta con escaso personal calificado; con menos 200 empleados, en un ambiente de marcada inestabilidad, es imposible vigilar a cientos de concesiones mineras metálicas y no metálicas “legales”.9De hecho, la minería ilegal -declarada una amenaza para la seguridad nacional- se expande como consecuencia de la falta de control estatal, vacíos legales y complicidades institucionales.10 Dejemos sentado que, si bien es cierto que los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal son muy graves, mucho mayores lo son aquellos que provoca la gran minería, incluso por su mayor tamaño, así como por no cumplir con el marco constitucional y legal existente. ¿Porqué se expande la minería ilegal en el campo? El abandono del campo y del campesinado pasa factura. La erosión del tejido social, el ayllu y las comunidades, es una realidad del cotidiano rural. Con una deprimida producción agrícola y ganadera, falta de acceso a la tierra y a créditos adecuados, con una creciente inseguridad, las condiciones de vida individuales y sociales son cada vez más precarias. La ausencia del Estado en los territorios, en tanto actor para alentar el bienestar, se refleja en la ausencia de los servicios públicos: salud, educación, vialidad, etc. A esto se suma un sistema judicial al servicio de los intereses de la minería: son múltiples los casos de persecución judicial promovida por las empresas mineras que acusan de terroristas a los campesinos que defienden su territorio, mujeres y hombres; persecución que inclusive se amplia a las organizaciones que apoyan a quienes protegen sus territorios. De hecho, la seguridad jurídica que reclama el frente minero-gubernamental es solo para las empresas, olvidando que debe ser integral, es decir para todos los seres humanos y la misma Naturaleza. Son por demás conocidos los conflictos y dificultades que provocan la llamada minería legal y la ilegal propiamente dicha: divisiones comunitarias y familiares; trabajo infantil y trata de personas; prostitución y mayor violencia intrafamiliar; explotación laboral infantil; alcoholismo y enfermedades venéreas; aumento del precio de alimentos por abandono de labores agrícolas; deterioro general de la salud pública; a más, por cierto, de la contaminación del agua, del aire y los suelos, para mencionar algunos problemas. El cambio de valores pesa, la muda cultural del ser campesino, con un enfoque más individualista y menos solidario, debilita y en muchos casos también desbarata lo comunitario. La plata fácil de la minería, comparada con el trabajo agrícola, permite realizar los sueños consumistas tan presentes en toda la sociedad. ¿Qué hacer, entonces? Lo primero que se requiere es transparentar la situación. No se puede seguir engañando a la sociedad afirmando, como lo hace a diario la Cámara de Minería, que si no hay minería legal vendrá la ilegal. El tema no es minería ilegal versus legal. Esta falsa dicotomía, debe abordarse teniendo en cuenta siempre que la minería considerada como ¨legal” es también ilegal, pues en ningún caso cumple con la Constitución de Montecristi. Recordemos que la Ley de Minería tiene en su génesis –si queremos hablar de minería “legal” primero– en una estructura de vulneración de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias por la forma a quienes no se les consultó previamente para la expedición de la Ley de Minería en el año 2009, según lo establecido en el artículo 57,17 de la Constitución. Además, con esta Ley (de carácter ordinario), se atropelló, además, lo dispuesto en una Ley orgánica como lo fue el Mandato Constituyente número 6, conocido como Mandato Minero, del 18 de abril de 2008. Basta recordar, también, que ningún proyecto minero se ha desarrollado apegado a las disposiciones constitucionales relativas a las consultas (previa, libre e informada: Art. 57,7 y ambiental: Art. 398) y tampoco con lo que ordena el artículo 408, que establece que el Estado debe participar de más del 50% de los beneficios. En concreto, para combatir la minería ilegal la acción del Estado debe estar orientada a prevenirla activamente y no solo bombardear campos mineros. Destruir campos mineros sin controlar los suministros de materiales para la extracción del oro, sin frenar la exportación de oro ilegal, jamás será una solución efectiva. Podrán dinamitar territorios extensos, pero eso no frenará la minería informal / ilegal si no se establecen mecanismos de trazabilidad eficientes y efectivos del oro y los insumos que demanda la actividad. En ese sentido, se podría exigir que los negocios que venden artículos de oro o barras de oro para los inversionistas, provengan de actividades lícitas, que cumplen cabalmente con la Constitución, así como con la legislación ambiental y laboral. Sin embargo, fortalecer a las comunidades resulta una acción fundamental. Eso pasa por mejorar sustantivamente las condiciones de vida del campesinado, en particular. En paralelo habrá que alentar la acción de guardias o rondas campesinas / indígenas, así como el monitoreo comunitario para patrullar el territorio y analizar la calidad del agua de los ríos para detectar anomalías. Es indispensable también la construcción infraestructura tecnológica adecuada, con sistemas de comunicación comunitarios, cámaras trampas para vigilar áreas críticas, manejo de drones para monitoreo de bosques, páramos y lagunas, etc. El intercambio de experiencias es otra herramienta potente: no hay nada mejor que visitar a un área impactada por la minería para convencerse de lo perversa que es esta actividad, y de la necesidad de actuar a tiempo. Y, por cierto, habrá que consolidar redes de resistencia de las comunidades afectadas por el crimen organizado, en términos amplios, así como las iniciativas de la sociedad civil empeñadas en enfrentar el crimen organizado. Eso demanda, por igual, fortalecer las instituciones públicas. Dotarlas de personal calificado. Desarrollar una política integral para combatir el crimen organizado en las actividades mineras y conexas, en el marco de una política que no esté centrada en la militarización de los territorios y en la criminalización judicial. Garantizar el uso correcto de los bienes decomisados. Hacer el seguimiento necesario de los procesos judiciales iniciados en contra de los aprehendidos en los operativos. Asegurar la reparación y restauración ambiental de las zonas afectadas. Todo, cumpliendo a cabalidad con lo que dispone la Constitución, empezando por superar el incumplimiento de las Consultas Populares que prohíben la explotación minera el Distrito Metropolitano de Quito y en la Provincia del Azuay: Victoria del Portete, Girón y Cuenca. Insistamos en dos puntos clave. Desplegar estrategias y acciones sostenidas que mejoren sustantivamente las condiciones de vida de las comunidades en los territorios, construyendo escenarios y horizontes esperanzadores sobre todo para la juventud. Y controlar la corrupción en el ámbito de la minería. Sin vigorosas acciones en estos temas, la minería seguirá desbastando las comunidades y la Naturaleza, así como la institucionalidad democrática y, con el tiempo, la economía del país. Por cierto, la mejor alternativa a la minería es la NO MINERÍA. 1 milhojas.is/620638-como-los-… 2 planv.com.ec/investigacion/i… planv.com.ec/investigacion/o… 3 codigovidrio.com/code/china-… 4 primicias.ec/economia/ecuado… 5 milhojas.is/620638-como-los-… 6 elmercurio.com.ec/nacional/2… 7 rcrperu.com/mineros-ilegales… 8 Caso Llurimagua: contraloria.gob.ec/CentralMe… Caso Cascabel: contraloria.gob.ec/CentralMe… 9 lahora.com.ec/economia/Corru… 10 planv.com.ec/historias/crime… lalineadefuego.info/entre-la… #QuintoRio #ElQuintoRioNoSeDetiene #CuencaYaDecidió #Quimsacocha #DefensaDelAgua #Cuenca #QuimsacochaNoSeToca #KimsacochaNoSeToca #KimsacochaResiste #DerechosDeLaNaturaleza #AguaSiMineríaNo #PáramosLibres #NoALaMinería #Kimsacocha @ravila67 @CarlosToisan06 @andresalbujaba2 @LeonidasIzaEc @cdes_derechos

Corporaciones mineras destrozan LAS NAVES OTRO TERRITORIO DE SACRIFICIO Por Alberto Acosta, Pocho Álvarez Los casos de violencia minera en contra de las comunidades que defienden sus territorios y de la Naturaleza se expanden en Ecuador. Uno de ellos, brutal como tantos otros, es el del proyecto minero Curipamba Sur – El Domo que ha empezado a arrasar con Las Naves, un cantón, en el subtrópico, en una de las provincias pobres y olvidadas de los Andes, la provincia de Bolívar. Con el cuento de una “minería responsable” se despliegan varias cifras y mensajes que forman parte de un libreto por lo demás conocido. Pongamos en contexto estos argumentos de las mineras en el caso del yacimiento en cuestión. Y planteemos algunas conclusiones. La realidad detrás de la propaganda Allí se encuentra un yacimiento de oro, cobre y zinc. Se trata de un proyecto operado por la minera canadiense Curimining S.A, que espera iniciar la fase de explotación en el año 2027. La vida útil de la mina a cielo abierto se estima en 10 años. Sus niveles de gigantismo son inocultables. Para obtener apenas 2,5 gramos de oro se requiere mover una tonelada de material del subsuelo; la relación para los otros minerales es similar 46 g/t de plata, 1,9 % de cobre, 0,2 % de plomo y 2,5% de zinc; Minerales que vienen acompañados de muchos otros metales no ferrosos, altamente contaminantes. En resumen, la extracción de los minerales demanda un procesamiento de 1.850 toneladas por día. Al final de la vida útil quedará en las escombreras o depósitos de rocas más de 6 millones de toneladas de materiales y millones de metros cúbicos de desechos altamente contaminantes en las relaveras o dique de cola. Tomando como referencia unos datos de otras minas similares, se sabe que para obtener 30 kg de cobre se requiere extraer unas 150 toneladas de roca, se generan 100 toneladas de desecho de roca y se generan alrededor de 115 toneladas de relaves. Hay que considerar que el tajo abierto de la mina, la relavera, las escombreras y el depósito de saprolitos se superponen al cauce de cursos de agua superficiales y existe un gran riesgo de generación de drenaje ácido. Esta no es una anomalía, las incertidumbres sobre los impactos ambientales son otra de aquellas repetidas características de la minería en Ecuador. Así el impacto sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas carecen de análisis cuantitativos en distintos escenarios temporales. El análisis hidrogeológico, de vulnerabilidad y de riesgos de contaminación del agua subterránea y del drenaje ácido es deficiente, tanto como el análisis de otros impactos ambientales y por supuesto de los sociales. El monto de inversión del proyecto estimado es de 497 millones de dólares durante el tiempo de vida útil de la mina. Se ofrecen ingresos al Estado por 376 millones de dólares. Un monto anual minúsculo, de menos de 40 millones, que no llegan ni al 1% del Presupuesto General del Estado del año 2026. No hay duda alguna que, en este proyecto, como en todos los otros en marcha, no se cumplirá con una disposición constitucional (art. 408),que dispone textualmente que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El empleo llegaría a 800 personas, dicen en la propaganda oficial; los datos que se establecen para el funcionamiento de la planta hablan de 54 personas. Estos ofrecimientos, como se constata de forma permanente, se desvanecen muy pronto. Es más, al no tener los pobladores de la zona conocimientos sobre la minería y sobre las tecnologías utilizadas, la mayoría de la fuerza laboral calificada vendrá de otras ciudades e, incluso, de otros países. La presencia de personal de otras partes y sus necesidades culturales suele generar más conflictos, delincuencia, y otros problemas sociales, como la prostitución, aumento del alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar. Por estas y otras razones, las mujeres son las más afectadas por la minería. Adicionalmente, una cuestión que se soslaya siempre: entre el 80 y 90 porciento de los empleos benefician a los varones, pues se trata de actividades dominadas por la impronta patriarcal. En este caso, las comunidades de la zona, en su mayoría campesinas, se dedican a actividades agrícolas, a la ganadería y al comercio. Se identifican como mestizos y montubios. Se trata de grupos humanos desechables desde la lógica de acumulación justificada por el desarrollo… de otros, lo que transforma sus territorios, su cultura y modo de existencia en sacrificables. Y como es ya una costumbre generalizada, a este proyecto de “minería responsable” se le presenta como una oportunidad para el desarrollo de la provincia y de su gente. Lo realmente responsable es conocer cómo funcionan estos proyectos, así como el cumplimiento de las disposiciones legales existentes, teniendo en consideración siempre sus impactos socioambientales locales y nacionales. Como complemento indispensable, hay que tener siempre presente que es práctica común que las mineras incrementen sus costos para ocultar sus ganancias, provocando la reducción aparente de sus beneficios. Adicionalmente, cuando se explota cobre u otro mineral como el oro, por ejemplo, no se conocen cuáles otros minerales se extraen y exportan, como pueden ser las tan cotizadas tierras raras. También es frecuente que, las empresas se declaren “en quiebra” antes de cumplir con sus obligaciones cuando las minas están a punto de cerrar. Punto básico, estas empresas recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales, por lo que, terminadas las operaciones, no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad de reparar los destrozos provocados, pues, como se ha demostrado en el mundo, estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, no solo tributarios, más aún cuando no hay los mínimos controles estales o peor aún si el gobierno es “cómplice” de las mineras. La violencia como condición necesaria de la minería Es evidente que no hay que esperar que la fase de explotación empiece para constatar los impactos de este proyecto. Desde hace muchos años, Las Naves enfrenta profundos conflictos socioambientales provocados por el Proyecto de Minería Curipamba Sur. Esta empresa posee siete concesiones, que se encuentran en varios cantones, tanto de la provincia de Bolívar como la de Los Ríos. Pero el punto donde está la mira minera es especialmente en Las Naves. Como ha sucedido en todos los proyectos mineros, sin una real consulta a las comunidades de la zona, se concesionó su territorio para dedicarlo a la actividad minera. Dicha concesión fue autorizada en enero de 2024 para continuar hacia la fase de explotación a cielo abierto y beneficio. En enero de 2025, se inició la fase de construcción: se autorizó la construcción del tajo de la mina y de la piscina de relaves. Tal como acontece en otras regiones, Las Naves es una zona de alta importancia hídrica. Origen de fuentes de agua que nacen en sus montañas y que alimentan a muchos ríos de la zona y de la costa. Se conoce, también, que existen varias especies amenazadas. Como ya se anotó al inició, es muy importante en esa región la agricultura familiar campesina de pequeña escala, de producción diversificada, con ganadería y cultivos perennes, caracterizadas por prácticas sostenibles, que ocupa el 86% del territorio cantonal. Su producción asegura el autoconsumo y la autosuficiencia, con excedentes que se comercializan especialmente en mercados locales. Estas comunidades se han organizado y constituido asociaciones de productores. Incluso se han conformado instituciones que ofrecen el acceso a servicios financieros, créditos, préstamos agrícolas. Pero desde la llegada de minería estas comunidades se ven permanentemente confrontadas con problemas graves. Sufren la afectación de su ecosistema: en especial, por los destrozos en la cobertura vegetal, que se ampliará en las zonas de remanentes de bosque que garantizan la presencia de lluvias como parte esencial del ciclo hidrológico. La situación se agudiza a pasos agigantados. Ya han aparecido problemas el el sistema de agua potable. Avanza el proceso de proceso de deforestación de árboles nativos y retiro de material vegetal de la montaña. El agua baja contaminada con lodos. Las explosiones propias de estos proyectos anuncían nuevas dificultades. Todas estas son demostraciones fehacientes de la violencia que se ejerce en contra de la Madre Tierra, que en nuestro país tiene derechos constitucionales. Como un paso más en este largo trajinar de atropellos, la empresa Curimining, empezó a utilizar una de las vías comunitarias, que fue construida por las familias campesinas que habitan la zona. Ahora grandes volquetas y otros vehículos de la compañía circulan por esa vía de segundo orden, afectando el tráfico de los usuarios que la construyeron. En este atropello está involucrado el Estado, que ha desplegado a policías y militares en el territorio para proteger los intereses mineros en lugar de precautelar a la población campesina. Por cierto, Curimining no cuenta con el consentimiento para usar la vía. Todo esto provocaría el desplazamiento forzado de la población campesina que actualmente ocupa el territorio. La comunidad se mantiene en permanente tensión. La intimidación y las amenazas para defensores y defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza se multiplican. En paralelo, con acciones de libreto practicadas en otros lados, la compañía abusa del derecho penal para acusar a personas campesinas de diferentes delitos. Con este tipo demandas, que cuentan con la asesoría jurídica de los abogados de la empresa, se acosa de forma sistemática a los comuneros. Y durante las audiencias judiciales se intenta posicionar la idea de que los acusados son violentos y peligrosos, todo por expresar públicamente su oposición a la explotación minera en su territorio, por ser parte de las protestas pacíficas en contra de las decisiones estatales impuestas de manera arbitraria que acarrearán su desplazamiento forzado y la destrucción de sus formas de vida campesina. Para cerrar este listado, en un sostenido esfuerzo de acoso y hostigamiento, se pretende inclusive sancionar a personas y organizaciones de la sociedad civil que osan apoyar a estas comunidades frente al vandalismo minero. La criminalización ampliada de quienes defienden los territorios y la vida misma se expresa de múltiples maneras. Lo perverso, como lo hemos visto en otros lugares, es que los intereses minero-estatales no dudan un minuto en acusar a quienes defienden la vida como personas opuestas al desarrollo. La defensa de la vida continúa Ante esta imposición arbitraria e inconsulta de actividades extractivas y ante los daños evidentes que ha causado y causará la actividad minera en estos territorios que traerá la destrucción de sus formas de vida campesina, la única opción que les ha quedado es la protesta y resistencia pacífica, garantizada en el artículo 98 de la Constitución. Sin embargo, expresar abiertamente su oposición y, peor aún, liderar el proceso de resistencia de las comunidades afectadas ha derivado en varios momentos de criminalización, en violación de su derecho a defender derechos. La lista de casos iniciados en la justicia crece. Se acusa a los comuneros, que defienden sus territorios y sus modos de vida, de una multiplicidad de delitos. Las acusaciones van desde violación y daño a la propiedad privada, asociación ilícita, robo, resistencia, intimidación y contravenciones diversas. Con esta política de criminalización, practicada en otros lugares atacados por la minería, se mantiene atemorizada a la comunidad. Por ese motivo, más 300 campesinas y campesinos de Las Naves, a quienes se han sumado cerca de 180 personas provenientes de San Luis de Pambil y de Zapotal, han presentado una demanda de acción de protección en contra del Estado y de Curimining S.A., contando con la asesoría de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU. La lista de violación de derechos es larga. Se han irrespetado, en términos globales los Derechos Humanos y los de la Naturaleza. Entre ellos se destaca la no realización de la consulta ambiental previa, la destrucción de la Naturaleza, que incluyen los impactos a los ciclos hidrológicos del agua. A los que se suma una serie de acciones de cooptación y de represión que afectan por igual y gravemente la cohesión de las comunidades. Las Naves, como tantos otros rincones del Ecuador, es un punto más de conflicto generado por la codicia y la voracidad del capital, que actúa en contubernio con el gobierno. Son territorios de campesinos y campesinas destinados al sacrificio para seguir en la inútil carrera en pos del desarrollo: un verdadero espejismo. Y por eso mismo, Las Naves, su resistencia, es una eslabón más de la red de lucha para preservar los territorios y defender opciones de vida digna.- 23.6.2026 rebelion.org/otro-territorio… @CortePichincha #VidaSinMineríaNo #LasNavesSinMinería @CortePichincha @EcuadorMAE @PGEcuador @CJudicaturaEc @DEFENSORIAEC @CELS_Argentina @Misereor @cedib_com @mndhpiaui @smdhvida @cfemea @ComiteDDH @ODHVC @de_acin @coeuropa @SomosDef @RedTDT @INSPyRE_AC @Codehupy99 @Onu_derechos @UeEnEcuador @FIAN_Ecuador @DDHH_Alianza @inredh1 @FIAN_Ecuador @AcEcologica @Cedhu @SurkunaEc @Caminantes_Ecu @Comunalisis @CONAIE_Ecuador @GrupoSocialFEPP @INFOFEPP @omasneEcuador @Mujeresrurales @veropotes @inredh1 @ravila67 @andresalbujaba2 @andreselopeze @lancerosdigita1