La historia de México con López Obrador es una línea de tiempo de cobardía institucional. En 2000, López Obrador no debía competir por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal porque su candidatura fue impugnada por no cumplir el requisito de residencia. Las autoridades electorales lo toleraron. En 2005, Fox tuvo el caso El Encino. Hubo desafuero. Había una ruta legal para frenarlo. Pero el gobierno reculó, la PGR no ejerció acción penal y López Obrador entendió el mensaje: la presión callejera podía doblar al Estado. En 2006, después de perder la elección presidencial, bloqueó Reforma durante semanas. Fue un acto ilegal que provocó pérdidas millonarias, afectó negocios, trabajadores y ciudadanos. Calderón tampoco quiso actuar con firmeza. En 2018, el INE documentó irregularidades graves en el fideicomiso “Por los demás”, creado supuestamente para ayudar a damnificados del sismo de 2017. Había triangulación de recursos, dinero en efectivo y financiamiento opaco. El TEPJF revocó la sanción y volvió a mandar el mismo mensaje: con suficiente poder político, la ley se puede esquivar. Hoy vemos el resultado.Un partido con poder absoluto. Una democracia erosionada. Instituciones capturadas. Un país más pobre, más violento y más cerca del abismo. Un gobierno rodeado por acusaciones de pactos, protección e impunidad frente al crimen organizado. La moraleja es simple: la impunidad siempre produce más impunidad. A los delincuentes se les detiene desde el principio. Cuando el Estado les perdona la primera, no los modera: los entrena. Les enseña que están por encima de la ley. Les confirma que pueden bloquear, violar, triangular, mentir, amenazar y aun así llegar al poder. México no llegó aquí por accidente. Llegó aquí porque durante 25 años hubo demasiados cobardes con poder que prefirieron no aplicar la ley.