Las AFP casi logran convencernos de que perder miles de millones de dólares de nuestros ahorros fue lo mejor que pudo pasar. No lo fue. Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E (el más conservador del sistema, el que se recomienda a quienes están por jubilar) cayó más de un 10%. Según quién haga la cuenta, la pérdida va de US$ 7.700 millones a más de US$ 11 mil millones. La respuesta de la industria ha sido una mezcla de tecnicismos y calma: fue el alza de tasas, fue la guerra, no hay de qué preocuparse porque las rentas vitalicias subieron. Buena parte de la prensa repitió ese libreto sin hacer las preguntas incómodas. Hay cinco hechos que ninguna campaña comunicacional logra disimular. 1. La guerra no fue una sorpresa. La propia industria atribuye la caída al alza de las tasas de interés que provocó el conflicto petrolero. Pero ese escenario era previsible: la disputa por las rutas del petróleo y la enorme demanda de energía que exige la carrera por la inteligencia artificial se venían advirtiendo hace años. Quien administra ahorros ajenos no puede decir que no lo vio venir. 2. El “seguro natural” no cubre el 100%. Las AFP sostienen que, cuando suben las tasas, el Fondo E baja, pero en la misma medida sube la renta vitalicia que el afiliado puede contratar; por lo tanto, nadie pierde. Esa compensación sólo funciona si se cumplen dos condiciones a la vez. Primero, que los plazos estén calzados: la duración del Fondo E debe parecerse a la de una renta vitalicia (en torno a 10 años). En 2026 no fue así; la duración del fondo se estiró a 16, 17 o 18 años, y ese descalce rompe parte de la cobertura. Segundo, que la renta vitalicia suba tanto como cae el fondo. Tampoco ocurrió: las rentas vitalicias se calculan con tasas en UF y buena parte de las inversiones depende de tasas en dólares, que no siempre se mueven juntas. Resultado: los afiliados no quedaron cubiertos. 3. Nadie ha transparentado los incentivos. Después de la crisis financiera de 2008 se supo que muchos bonos corporativos premiaban apuestas de corto plazo, en contra del deber de administrar con lealtad el dinero ajeno. ¿Cómo se remunera a quienes tomaron estas decisiones de inversión? ¿Qué metas tenían que cumplir? Las AFP no lo han dicho. No se trata de ser malpensados: los mismos economistas defensores del mercado sostienen que las personas responden a incentivos. Los afectados tienen derecho a conocer la verdad, como lo ha reconocido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la prensa tiene el deber de preguntar, porque, todo lo que no incomoda al poder es mera relación pública. 4. Las preguntas siguen sin respuesta. Los grupos que controlan la AFP más grande del sistema (la que marca la pauta que el resto sigue) recibieron preguntas concretas sobre estos puntos de parte de la Red de Defensores Interamericanos, la misma organización que llevó el antiguo sistema de AFP ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 5. Jubilar en 2025 o en 2026 no da lo mismo. Quien jubiló en 2025 lo hizo con un Fondo E que había rentado un 8%. Quien jubila hoy, en las mismas condiciones, lo hace con un fondo que cayó más de un 10%. Ambos siguieron la misma recomendación y confiaron en el mismo fondo “conservador”; sin embargo, la diferencia en su patrimonio es enorme, y nadie se la explica ni se la repara. Lo que viene Mientras los afiliados pierden, la industria acumula utilidades históricas que se cuentan en miles de millones de dólares. Los perjudicados no están obligados a resignarse. El derecho a exigir reparación integral conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana existe. Entre esas garantías cabe plantear algo de fondo: separar la industria previsional de los grupos económicos que hoy la controlan. Las herramientas jurídicas, nacionales e internacionales, existen. Y hay quienes saben usarlas. ¿Alguien creyó de verdad que los litigantes de convencionalidad iban a quedarse mirando? Se acabó el recreo. Es hora de pagar.

Denuncié a la Corte Suprema el caso de un Ministro de la Corte de Apelaciones de #Coyhaique que también aparece involucrado en los chats de Hermosilla: se negaron a abrir sumario, decidieron enviar los antecedentes a la misma Corte de la que forma parte el denunciado y en donde el resto de los Ministros se encuentran inhabilitados. Así funciona esto.