🔴 Qué bueno que Matías haya aparecido. Ojalá esté bien. Pero tras la desaparición de una niña, un niño o un adolescente siempre debería quedar una pregunta que todos tendríamos que hacernos: ¿por qué se fue? No sabemos qué ocurrió en el caso de Matías y sería irresponsable especular. Precisamente por eso, más allá de este caso, vale la pena detenernos en algo que sí preocupa: que las desapariciones de niñas, niños y adolescentes sean descritas por autoridades, como el Comandante de la Policía, como "autolesiones". Nombrar estas desapariciones de esa manera también es una forma de dejar de mirar aquello que pudo haber empujado a un niño, niña o adolescente a huir. Ese lenguaje desplaza la atención desde las causas hacia la conducta del propio niño, cuando la pregunta que debería hacerse el Estado es otra: ¿q𝘂é 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮𝗼𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗿𝗮 𝘀𝘂𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗼𝗽𝗰𝗶ó𝗻? Porque, en la inmensa mayoría de los casos, ningún niño abandona el lugar donde se siente protegido. Esa pregunta cobra mucho más sentido cuando también se la hacen la Dinapen, las Juntas de Protección de Derechos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y toda la institucionalidad obligada a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Quizás, si escucháramos con atención lo que los guaguas que huyen de sus hogares o que salen en picada de las casas de acogida intentan decirnos -muchas veces sin palabras- entenderíamos que, en ocasiones, no están alejándose de un lugar, están intentando escapar de la violencia, del miedo, del abandono o de cualquier situación que sienten que ya no pueden soportar. Si algo debe dejarnos esta ola de desapariciones -que, según la Policía, en su mayoría son catalogadas como "voluntarias"- es la certeza de que encontrar a un niño no puede significar cerrar el caso. Cada niña, niño o adolescente que desaparece debería ser escuchado antes de regresar a su hogar, para verificar que no haya sufrido malos tratos, violencia o cualquier otra vulneración de derechos. Y si esa violencia existió, el Estado tiene la obligación de protegerlo, activando de inmediato las medidas necesarias. Ahí es donde la actuación de las Juntas de Protección de Derechos cobra todo su sentido. Un niño, niña o adolescente que sale de su hogar sin que quienes están a su cargo sepan dónde está debe ser considerado un niño en riesgo. Esa alerta exige una respuesta integral que no termina cuando la Policía lo encuentra. Hoy, cuando estamos a las puertas de elecciones seccionales; cuando los derechos de la niñez se deterioran aceleradamente; cuando cada 14 horas un niño, niña o adolescente muere de forma violenta en el Ecuador; cuando los riesgos atraviesan casi todos los espacios donde crecen, todo lo que hagamos para protegerlos sigue siendo poco. Decisiones tan sencillas como garantizar que todo niño, niña o adolescente que haya desaparecido sea evaluado antes de regresar a su hogar; que conozca cuáles son sus derechos y a qué instituciones puede acudir si necesita ayuda; y que, cuando sea necesario, vuelva acompañado de medidas de protección, son políticas de seguridad desde una visión profundamente humanista. Son decisiones que pueden y deben impulsarse desde los gobiernos locales. Así que la próxima vez que una candidata o un candidato a la Alcaldía o al Concejo le hable de "nuestros niños", pregúntele: ¿𝗤𝘂é 𝗵𝗮𝗿á 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗶𝗻𝗴ú𝗻 𝗻𝗶ñ𝗼, 𝗻𝗶ñ𝗮 𝗼𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝘂𝗶𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗼?

🔴 Así reclutan las bandas criminales a menores en Guayaquil: buscan líderes y cantantes share.google/xnlFAzTbiXVeLsS…