Brian Scott

Señor Matamala, su columna sobre Paraguay vuelve a demostrar que su activismo ideológico termina imponiéndose sobre el rigor económico. Toma una crisis bancaria marcada por conflictos de interés y fallas de supervisión para condenar al liberalismo, pero no demuestra la relación causal que pretende establecer. Además, omite indicadores fundamentales del desempeño económico paraguayo que no encajan en su relato. Confundir capitalismo de compadrazgo con libre mercado ya es un error conceptual importante. Incorporar después al presidente Kast, los Chicago Boys y la crisis de 1982 como si esas asociaciones constituyeran evidencia económica solo debilita su argumento. El problema de su columna es bastante sencillo: usted no parece contrastar sus convicciones con los hechos, sino seleccionar los hechos que mejor se acomodan a sus convicciones. Eso puede servir para construir un relato político, pero difícilmente constituye un análisis económico riguroso.

La interpretación de Cristian Leporati revela un problema bastante habitual en el debate público chileno: confundir popularidad presidencial con capacidad de gobierno. La encuesta de la UDD registra una caída significativa en la aprobación de Kast. Eso es un hecho. Lo que no demuestra es que el Presidente carezca de competencias para gobernar, como pretende concluir Leporati. Chile enfrenta un deterioro económico que no comenzó en marzo de 2026. Bajo crecimiento tendencial, debilidad de la inversión, problemas de productividad y rigideces estructurales no desaparecen por un cambio de administración. Evaluar la gestión exige distinguir condiciones heredadas, shocks externos y decisiones de política económica. También comprender que las reformas pueden tener costos de transición y que sus resultados no necesariamente coinciden con los tiempos de la popularidad electoral. La aprobación es un indicador político, no una medida de eficiencia económica. Leporati tiene todo el derecho a cuestionar al Gobierno, pero convertir una encuesta de percepción en un diagnóstico de incompetencia presidencial, sin establecer relaciones causales ni presentar evidencia de gestión, es una conclusión intelectualmente muy pobre.