Harlem Shake Paraguayo: Los Asegurados y Jubilados del IPS. Según Santiago Peña, crearon la Ley Superintendencia para "controlar" los fondos jubilatorios, porque "se robaba mucho". 1. Desde que se creó la misma, el desfalco al IPS ha sido peor. 2. Y no solo desfalco, también hasta las operaciones financieras. Por ejemplo: Segun el último informe financiero del IPS, el ente destina el 65,81% de todo su portafolio global de inversiones a instrumentos emitidos o garantizados por bancos y entidades financieras locales. La Ley de Superintendencia autoriza solo hasta el 55%. 3. ¿Qué sanción dio la Superintendencia al Consejo del IPS por la violacion de la Ley? Nada de nada. Ninguna. 4. Esta información es de Julio/26 y hasta la fecha, todo sigue igual. La inacción punitiva por parte de la Superintendencia sigue igual: no hay sanciones. 5. Al confirmarse que el IPS está técnicamente atado de manos y no puede generar rendimientos con nuevos CDAs, parlamentarios y sectores oficiales impulsaron un proyecto de ley en el Congreso. Este proyecto plantea modificar el régimen de inversiones financieras, lo cual es visto por la opinión pública como una maniobra para "blanquear" el exceso actual y permitirle a la previsional seguir colocando dinero en la banca privada por encima de los topes de la ley original. 6. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) encendió nuevas alarmas al advertir que, ante el riesgo de quiebra de cualquiera de estos bancos donde el IPS tiene miles de millones acumulados, el fondo jubilatorio paraguayo solo cuenta con la garantía bancaria estándar de la Ley Nº 2334/03. Esto significa que, ante un eventual colapso, el seguro de depósitos apenas cubriría un máximo de 75 salarios mínimos (menos de G. 230 millones), es decir, una garantia inferior al 0,05% en los CDA invertidos y 0% de garantia en los Bonos emitidos por los Bancos, dejando expuesto de forma irrisoria el dinero de los aportantes. 7. El Congreso, en lugar de obligar al Consejo de Administración a desinvertir de forma acelerada o penalizar la falta, la modificación legislativa redefine las reglas del juego para que lo que antes era una irregularidad flagrante pase a ser completamente legal. Es un proyecto de ley de blanqueo a la medida de los excesos. Excesos que son sin garantía para Asegurados y Jubilados: menos del 0,05% en CDA y 0% en bonos. 8. La Superintendencia de Pensiones no sirve para nada al Asegurado y Jubilado. Sirve a los bancos. Y sus cómplices blanqueadores son los Legisladores, con leyes a medida de los bancos, en detrimento de los 1.800.000 Asegurados y Jubilados del IPS. 9. Y si los asegurados y jubilados critican y defienden su dinero, tanto los del ejecutivo como del legislativo -y su prensa abyecta-, trata a los asegurados como "terroristas financieros". Existen Legisladores que hasta proponen impulsar leyes para tratarlos y castigarlos como tal (Diputado Aguilera). Pretenden criminalizar y censurar la publicación de INFORMES OFICIALES. 10. La disputa ha dejado de ser únicamente un debate sobre porcentajes financieros o tasas de rendimiento para convertirse en una pulseada legal sobre los límites de la protesta, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a fiscalizar el destino de sus propios ahorros previsionales. 11. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo tratan a los Asegurados como "terroristas financieros" e intentan hacer leyes para censurarlos y castigarlos por defender sus aportes, como broche de oro, tenemos a la Fiscalia y al Poder Judicial, que cajonean denuncias de Asegurados, inclusive, las que están basadas en el Informe Final 44/18 CGR, negando así el acceso a la justicia a 1.800.000 Asegurados y Jubilados. 12. Por todo lo expuesto para los 1.800.000 Asegurados y Jubilados: ¿Existe seguridad jurídica en Py? ¿Para que sirve el Estado? ¿Realmente somos una república que defiende al soberano? ¿Los Legisladores realmente son representantes del pueblo o de los bancos? ¿Por qué el Estado usa y abusa del dinero privado de aportantes para beneficio del Estado a través de Bancos? ¿Por qué les niegan el acceso a la justicia, por defender SU dinero?