IMPORTANTE. Una paradoja alarmante para los venezolanos en EE.UU. pendientes de asilo. La extracción de Maduro del poder, celebrada por el exilio venezolano, comienza ahora a ser utilizada por el propio Gobierno Trump para cuestionar las solicitudes de asilo de venezolanos que alegan persecución política del chavismo. El Departamento de Justicia ha establecido, a través del Board of Immigration Appeals (BIA, por siglas en inglés), su máximo órgano administrativo de apelación en materia migratoria, que la caída de Maduro y el traspaso del poder ejecutivo constituyen un cambio sustancial de las condiciones políticas de Venezuela. Ese cambio deberá ser tenido en cuenta ahora por los jueces al determinar si un venezolano continúa teniendo razones fundadas para temer ser perseguido si regresa al país. La decisión, adoptada el 4 de septiembre, parte de un caso especialmente significativo. Una venezolana opositora había conseguido asilo ante un juez de inmigración después de acreditar su participación, junto a su marido, en grupos prodemocráticos. Ambos habían recibido amenazas e intimidaciones de partidarios del régimen y de un funcionario de la Universidad de Carabobo; su marido fue además agredido. En 2025, las autoridades venezolanas anularon el pasaporte de la mujer, que desde Estados Unidos continuó expresando públicamente su oposición a Maduro. El juez consideró creíble su testimonio y concluyó que existía un temor fundado de persecución futura. Pero el Departamento de Seguridad Nacional recurrió la concesión del asilo alegando, entre otras razones, que la situación de Venezuela había cambiado después de la salida de Maduro. El BIA del DoJ ha aceptado ese argumento en su aspecto esencial. Maduro fue apartado del poder el 3 de enero y está detenido con cargos penales. Para el tribunal administrativo, la desaparición del dictador que encabezó el régimen contra el que se dirigía la actividad política de la solicitante modifica necesariamente las circunstancias en las que debe evaluarse ahora su temor a regresar. La consecuencia puede ser importante para miles de venezolanos. Hasta ahora, un solicitante podía fundamentar su caso en las amenazas, represalias o persecución sufridas por su oposición al chavismo. A partir de este precedente, cuando se trate de demostrar el riesgo futuro, tendrá especial importancia acreditar que quienes lo perseguían siguen teniendo poder, capacidad e intención de hacerlo en la Venezuela posterior a Maduro. El BIA reprocha precisamente al juez original que afirmara simplemente que «la arquitectura del Gobierno de Maduro permanece» y que «el régimen de Maduro no ha desaparecido». Esas afirmaciones, sostiene, son demasiado generales. El análisis debe determinar si las personas o instituciones concretas a las que teme el solicitante siguen actuando y pueden perseguirlo bajo las nuevas circunstancias políticas. La resolución contiene además una consideración de considerable alcance político para la Administración Trump. El BIA cita como indicios del cambio de Venezuela la reapertura de la Embajada estadounidense en Caracas, la cooperación entre Washington y el Gobierno interino de Delcy Rodriguez, los contactos para una transición hacia elecciones democráticas y hasta el acuerdo petrolero anunciado por Trump el pasado 31 de agosto. El razonamiento permite así al Gobierno estadounidense sostener que la Venezuela a la que regresarían esos solicitantes ya no es la misma de la que huyeron. Esa caída de Maduro, que durante años sirvió precisamente para justificar la protección de quienes se enfrentaban a su régimen, puede convertirse ahora en argumento para exigirles que demuestren que el peligro continúa existiendo.

Venezuela: cómo la debacle del pacto petrolífero con Delcy está causando tensiones dentro del equipo de Trump. Desde la Casa Blanca.