A propósito de Arturo Calle y de quienes piden mayor protección para sus empresas, quisiera recordar lo que ocurrió con Viva Air y Ultra Air. En 2022, entre ambas aerolíneas movilizaron aproximadamente 8,4 millones de pasajeros nacionales. En 2023 las dos dejaron de operar casi al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió? Entre otros factores, una devaluación brutal: el dólar pasó de promediar $3.936 en febrero de 2022 a $4.803 un año después. Una industria con gran parte de sus costos en dólares, combustible encarecido y un IVA sobre los tiquetes que volvió del 5% al 19%. ¿Quién protegió a esas empresas? ¿Quién protegió a los millones de pasajeros que encontraron en ellas la posibilidad de viajar más barato? Con el dólar caro pierden unos empresarios; con el dólar barato, otros. Así funciona una economía expuesta a los mercados. Ninguna empresa tiene garantizada la rentabilidad eterna. Por eso insisto: hay que defender al empresario colombiano, combatir la competencia desleal y garantizar reglas justas. Pero no podemos pretender que el Estado proteja selectivamente unos negocios trasladando sus dificultades al bolsillo de millones de consumidores. Los empleos importan. Absolutamente todos. Pero también importa el derecho de los colombianos a comprar ropa más barata, volar más barato y elegir libremente. Una economía no puede organizarse únicamente alrededor de los intereses de quienes producen y tienen cierta influencia o imagen. También debe servir a quienes consumen, que son una inmensa mayoría.