🚨PREVARICATO POR ACCIÓN Y PREVARICATO POR OMISIÓN🚨 En sentencia SP1315-2026, Rad. 71040, la Sala de Casación Penal de la CSJ refirió lo siguiente:
El tipo penal de prevaricato por acción presenta como elementos objetivos: (a) un sujeto activo calificado, servidor público; (b) un ingrediente normativo, consistente en que el servidor público, en ejercicio de sus funciones, profiera resolución, dictamen o concepto, es decir, cualquier acto administrativo o providencia judicial, auto o sentencia; y, (c) que la decisión o concepto contravenga el ordenamiento legal de forma clara, manifiesta o notoria.
El prevaricato por acción en el marco de las providencias judiciales, se indicó que “el ingrediente subjetivo del tipo penal de prevaricato por acción se configura cuando el servidor público profiere decisiones basadas en criterios subjetivos, beneficios propios o ajenos, con argumentos caprichosos, arbitrarios, manifiestamente groseros, de los que se establece que su ánimo no es acertar sino abandonar deliberadamente el propósito de administrar justicia y contrariar así las normas vigentes”.
Para predicar la existencia de la conducta prevaricadora, es necesario probar que el acto censurado –resolución, dictamen o concepto– es producto del capricho o de la arbitrariedad del servidor público, quien desconoce abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorio que regulaban el caso.
Por su parte, el delito de prevaricato por omisión consiste en la negación de una acción que el sujeto está obligado a realizar, o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto. En ese sentido, la omisión no existe por sí misma, sino sólo en la medida que preexista un mandato que obliga a una determinada acción. Esta conducta se comete al ejecutar alguno de los cuatro verbos rectores enlistados por el legislador, omitir, retardar, rehusar o denegar. Omitir es abstenerse de hacer una cosa, pasarla en silencio; retardar es diferir, detener, entorpecer, dilatar la ejecución de algo; rehusar es excusar, no querer o no aceptar una cosa; y denegar es no conceder lo que se pide o solicita.
Ademas, es un tipo penal en blanco, porque para la realización del juicio de tipicidad es necesario establecer la norma extrapenal que asigna al agente la función que omitió, rehusó, retardó o denegó, el plazo para hacerlo y su preexistencia al momento de la materialización de la conducta.
Por último, este delito es únicamente doloso. Para acreditar el aspecto subjetivo del delito por omisión, es necesario demostrar que el agente obró con “el propósito consciente de incumplir los deberes propios de su cargo y el conocimiento de encontrarse incurso en dicha omisión”.
🚨¿La falta de enunciación de la prueba puede conducir a la exclusión de su práctica, a pesar de haber sido oportunamente descubierta?🚨
En auto AP1244 de 2025, Rad. 66574, la Sala de Casación Penal de la CSJ, refirió lo siguiente:
El procedimiento de depuración probatoria dispone de distintas fases, que deben agotarse en el siguiente orden: “(i) descubrimiento; (ii) enunciación; (iii) estipulación y, (iv) solicitud probatoria”.
El correcto descubrimiento probatorio y la solución de las controversias que se presenten respecto del mismo constituyen requisitos indispensables para los pasos posteriores que comprenden la enunciación, solicitud y decreto de las pruebas; No obstante, las disposiciones normativas que regulan el desarrollo de la audiencia preparatoria y los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta no contemplan como sanción a la falta de enunciación de la prueba, su exclusión.
Esto se explica debido a que el conocimiento que debe obtener una parte sobre los instrumentos de prueba que le servirán a la contraparte para edificar su teoría del caso se alcanza con el descubrimiento probatorio.
Por lo tanto, la omisión en la enunciación de una prueba no pasa de ser una falencia sin la fuerza para lesionar gravemente las garantías procesales del adversario.
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La reforma tributaria de @ABDELAESPRIELLA pretende eliminar beneficios de renta para jueces, magistrados, fiscales, procuradores y docentes de universidades públicas.
Busca eliminar una renta exenta equivalente al 50% del salario de magistrados, fiscales y procuradores; 25% para jueces; y 50% para rectores y profesores de universidades públicas.
Dos ejemplos claros del impacto:
Un juez que en la actualidad gane $20 millones mensuales pasaría de pagar cerca de $14,9 millones a $31,4 de renta al año. Es decir un incremento de $16,5 millones.
Un magistrado que recibe $30 millones mensuales pasaría de pagar $12,9 millones a $66. Más de $53 millones adicionales al año. Un exabrupto tributario.
El Presidente, antes litigante, olvida que administrar justicia exige jornadas extenuantes, trabajo extra y responsabilidades enormes. Sin contar el riesgo personal y la afectación psicológica que conlleva la sobrecarga laboral.
La mora judicial, la congestión y las precarias condiciones laborales no se resuelven desmejorando los ingresos de quienes sostienen el sistema.
La independencia judicial necesita condiciones materiales dignas. No se puede exigir una justicia de calidad mientras se desconoce el trabajo de quienes la hacen posible y se les castiga tributariamente.
🚨PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS🚨
En sentencia SP1167-2026, Rad. 72877, la la Sala de Casación Penal de la CSJ expuso la figura de la prescripción de la acción penal y su aplicación en casos de servidores públicos, así:
La prescripción de la acción penal (i) materializa el límite temporal para el ejercicio de la potestad punitiva del estado y (ii) constituye una garantía fundamental del procesado, pues asegura que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable y conocido. Sus términos los define la ley.
El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en el máximo de la pena fijada en la ley sin que, por regla general pueda ser superior a 20 años.
El término de prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación, como lo establece el artículo 86 del Código Penal y el artículo 292 de la Ley 906 de 2004. A partir de ese acto procesal empieza a correr de nuevo por la mitad del término máximo sin que, por regla general, pueda exceder los 10 años.
Ahora bien, el artículo 83 prevé que en los casos en que el autor de la conducta es un servidor público, el término de prescripción se aumenta en la tercera parte si los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, o en la mitad, una vez entró a regir.
El tope del término máximo de prescripción de los 20 años en investigación es la regla general de contabilización dispuesta por el legislador, que tiene como una de sus excepciones el incremento para los servidores públicos, frente a quienes es posible exceder ese tope legal una vez realizado el respectivo aumento.
El legislador considera que ciertas conductas ameritan un régimen distinto, bien sea en atención a la gravedad, la naturaleza del bien jurídico o al sujeto activo, casos en los que no tiene aplicación «el límite máximo fijado».
Entonces, para el caso de los servidores públicos el incremento que se aplica en la etapa de instrucción puede exceder el límite de los 20 años, fijado en el artículo 83 del C.P., inc. 1°. Al dividirse en la mitad, tras la interrupción del término de prescripción por la imputación, puede exceder los 10 años referidos en artículo 86 del C.P., inc. 2. °.
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Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado. #ViajeApostólico #Argentina
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#Actualidad | A esta hora se adelanta un plantón en las instalaciones del búnker de la @FiscaliaCol en Ibagué. Se espera que en todas las regiones del país el sindicato de Asonal Judicial se pronuncie.
Protestan porque el Gobierno redujo el presupuesto de la justicia y no hay recursos para el próximo año. Además, la enorme carga laboral, los tiene en jaque y con medicamentos para soportar el estrés.
Vía: @JennyAngaritaG
caracol.com.co
La demanda de casación penal debe presentarse con rigor técnico y responsabilidad profesional. Si bien el Dr. Velásquez Niño tituló su magnífica obra jurídica sobre casación penal: “¿La casación penal? ¡Pero si es muy fácil!”, realmente no es tan fácil. La elaboración del recurso extraordinario tiene grandes exigencias técnicas, lógicas, jurídicas y argumentativas que deben respetarse.
La #SalaDeCasaciónPenal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda de casación presentada por un abogado, al encontrar que no desarrolló los argumentos, no explicó la finalidad del recurso ni señaló las causales previstas en la ley.
La Sala recordó que la Corte no puede suplir las omisiones argumentativas de quien recurre. Por el incumplimiento injustificado de sus deberes profesionales, compulsó copias a la autoridad disciplinaria para que investigue su actuación.
📝 Consulte el auto AP5793-2026:
archivodigitalapi.cortesupre…
🎙️Ver el comunicado de prensa:
cortesuprema.gov.co/sala-de-…
🚨¿ES POSIBLE HACER INFERENCIAS SOBRE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES?🚨En sentencia SP 893 de 2026, rad. 61585, la Sala de Casación Penal de la CSJ, precisó:
Un correcto planteamiento de los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, con la especificación de la forma de participación de quien es vinculado a una actuación penal, incide en la protección de garantías. En efecto, ampara el debido proceso, el ejercicio del derecho a la defensa y, por supuesto, el acceso a la administración de justicia. Su indebida elaboración, como lo ha señalado la Corte en amplia y reiterada jurisprudencia, afecta de manera sustancial las garantías fundamentales señaladas y conlleva la invalidación del acto irregular.
La Corte indicó que el principio de congruencia tiene 3 facetas distintas: personal, fáctica y jurídica. La primera se refiere a la correspondencia entre la persona imputada y acusada con aquella que fue condenada. La segunda a la concordancia entre los hechos que fundan la condena respecto a aquellos por los que el procesado fue imputado y acusado. La última, tiene que ver con la correspondencia entre calificación jurídica de la conducta en la acusación y la sentencia.
No obstante, de la decisión mayoritaria se extrae la posibilidad de que el juez “interprete” los hechos jurídicamente relevantes, al considerar que: “Conforme a lo expuesto la Sala encuentra que los HJR,
pese a las imprecisiones descritas, sí fueron claros en relación
con cuál fue la conducta constitutiva del fraude procesal. No era necesario especificar que se produjo sobre el registrador de instrumentos públicos, pues la naturaleza de los actos ilegales - reseñados los hace de obligatoria inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”.
SALVAMENTO DE VOTO: Consideró que el fiscal abandonó la tarea de confeccionar una redacción fáctica que circunde la tipicidad de la conducta delictiva a imputar, acudió a la lectura de una denuncia que no condensa cabalidad lo exigido respecto del delito contra la eficaz y recta impartición de justicia que pretendió imputar.
La claridad y precisión que se exige en la determinación y comunicación de la formulación de imputación al implicado, reside en evitar que tenga que desentrañar o aplicar razonamientos inferenciales para establecer sobre qué base fáctica se erige la pretensión incriminadora del ente persecutor.
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Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás. Que quien los mire pueda preguntarse: “¿Por qué vive así? ¿De dónde saca esta libertad? ¿Por qué se aman tanto?”. #ViajeApostólico #Uruguay
🚨HABEAS CORPUS EN CASO DE EXTRADICIÓN🚨
En providencia AHP142 de 2026, rad. 74435, la Sala de Casación Penal de la CSJ, precisó que el habeas corpus procede: (i) cuando una persona es privada de la libertad como consecuencia de una orden arbitraria o de una determinación adoptada por una autoridad no judicial; (ii) cuando, pese a encontrarse privada de la libertad en cumplimiento de una orden legalmente emitida, han vencido los términos previstos en la ley; (iii) cuando, aun existiendo una orden judicial que ampara la restricción de la libertad personal, esta fue proferida después de una prolongación ilegal de aquella; o (iv) cuando la providencia que dispone la detención puede catalogarse como una auténtica vía de hecho judicial.
En los casos previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente por el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición de extradición u otorgue las condiciones para el traslado.
Corresponde al Fiscal General de la Nación disponer la libertad incondicional de la persona requerida en extradición cuando se configure alguna de las hipótesis allí contempladas. Por consiguiente, la Fiscalía debe verificar el cumplimiento de los presupuestos legales de la causal invocada y resolver la solicitud.
Tal conclusión deriva del artículo 511 de la Ley 906 de 2004, que atribuye esa facultad de disponer la libertad incondicional cuando se configure alguna de las causales previstas, conforme con la cual la persona reclamada por el Estado requirente permanece a disposición de esa autoridad.
En ese contexto, quien considere configurada alguna de las causales de libertad previstas en la citada disposición debe formular previamente la correspondiente solicitud ante la Fiscal General de la Nación, por ser la autoridad legalmente llamada a verificar la concurrencia de sus presupuestos y adoptar la determinación que corresponda.
En ese sentido, acudir directamente al habeas corpus, sin haber promovido aquella actuación, desconoce el carácter subsidiario de este mecanismo constitucional, pues supone trasladar al juez de amparo una decisión que el ordenamiento jurídico asignó inicialmente a otra autoridad.
🚨PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS SOLICITUDES DE NULIDAD🚨 En sentencia SP627 del 2026, del 1 de julio de 2026, rad. 60722, la Sala de Casación Penal de la CSJ reiteró y enunció los principios que se deben acatar para la presentación de nulidades en el proceso penal. La nulidad es un remedio procesal extremo en el sistema acusatorio, sometida a la observancia de los siguientes principios:
i) principio de taxatividad: sólo es posible deprecar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley -artículos 455 a 457 de la Ley 906 de 2004-;
ii) principio de acreditación: se debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya;
iii) principio de protección: no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta dio lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo que se alegue la ausencia de defensa técnica;
iv) principio de convalidación: el sujeto perjudicado con la irregularidad puede convalidarla expresando su consentimiento de manera expresa o tácitamente, siempre que sean observadas las garantías fundamentales;
v) principio de instrumentalidad: si el acto irregular ha cumplido su cometido, no procede su invalidación, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
vi) principio de trascendencia: el perjudicado debe demostrar la ocurrencia de la incorrección y que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales;
vii) principio de residualidad: el interesado debe demostrar que para enmendar el agravio causado no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad.
🚨CONTROL JUDICIAL EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD🚨
Sentencia STP 18653 de 2026, rad. 158611, del 14 de septiembre de 2026. La Sala de Casación Penal de la CSJ desarrolló la correcta forma de ejercer el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad (artículo 327 de la Ley 906 de 2004) y precisó que no puede la fiscalía decidir unilateralmente que alguien incumplió lo acordado en el principio de oportunidad.
Cuando se propone en la modalidad de suspensión de la actuación, comporta dos momentos: (1) aquel donde la fiscalía en acatamiento de su regulación interna, decide acudir ante la judicatura para obtener la aplicación del principio. (2) donde se resuelve sobre los efectos finales de esa determinación, esto es, la renuncia (por el acatamiento de los compromisos adquiridos) o la revocatoria o levantamiento de la suspensión del principio de oportunidad (ante el incumplimiento de los deberes pactados).
Para cada una de esas alternativas deberá contar con el respectivo control de legalidad de los jueces de control de garantías, debido a que el principio de oportunidad se erige como una excepción a la regla general de que la fiscalía adelante el ejercicio de la acción penal y realice la investigación de los hechos que revistan características de un delito, siempre que existan suficientes medios de convicción que permitan advertir la existencia de este.
En ese sentido, el juez de control de garantías debe intervenir en salvaguarda de los derechos de las partes convocadas al proceso penal, tanto para avalar la petición de renuncia del ejercicio de la acción penal postulada por la fiscalía, como consecuencia del cumplimiento de los compromisos por parte del procesado en el marco del principio de oportunidad, como también cuando se pretenda reactivar el proceso penal por incumplimiento de lo acordado. De lo contrario representaría una ruptura del equilibrio procesal y del principio de igualdad de armas que el delegado de la fiscalía general de la Nación motu proprio y bajo su absoluta discreción decida reactivar la actuación procesal ante el juez de conocimiento, pretextando incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de aplicación del principio de oportunidad, en casos donde, como el presente existe controversia sobre su acatamiento o cumplimiento.
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Una multitud de cuentas en X insultándome y amenazándome por mi opinión. Lo digo sin ningún titubeo: el Presidente está violando la Constitución Política de Colombia y lo exhibe orgulloso.
Ningún ciudadano puede ser sometido a un trato degradante por el Estado: ninguno.
Este colega nos da cátedra a muchos…
"Tras crecer en un mundo plagado por la violencia (...), escoger una vida en paz es tal vez la decisión más valiente que puede tomar la juventud."
Santiago Ortiz, egresado de @UniandesDerecho, durante la ceremonia de #GradosUniandes 2026 -2. #SomosUniandes #AlumniUniandes
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Dios nuestro, iniciamos este día con el corazón lleno de gratitud. Basta ver todas tus bendiciones para darnos cuenta de que siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias por estar a nuestro lado, por permanecer firme incluso en medio de nuestras tormentas. Dale tranquilidad a nuestro corazón.





































