Ayer, en Ceuta, el Gobierno de España llevó a cabo un operativo policial para localizar a inmigrantes en situación irregular en los inmuebles ocupados por estos (cosa que, por cierto, me parece muy bien). Ahora, el PSOE nos tiene que explicar una cosa: ¿Cómo es posible que en Ceuta la Policía pueda intervenir para desalojar inmuebles presuntamente ocupados ilegalmente y, en cambio, en el resto de España miles de propietarios tengan que acudir a los tribunales y esperar incluso años para recuperar sus viviendas? Llevamos años reclamando cambios legales para acabar con esta situación y el Gobierno se niega a impulsarlos. ¿Bajo qué cobertura jurídica se están realizando estas actuaciones en Ceuta? ¿Por qué no se permite actuar con la misma rapidez ante las ocupaciones ilegales en el resto de España? Si existe una vía legal para actuar con esta rapidez, los españoles tienen derecho a saber por qué no se aplica también en sus ciudades. La ley debe ser igual para todos. Y la ocupación ilegal debe combatirse con la misma firmeza en Ceuta, en Badalona y en cualquier rincón de España.