ASFADDES

Conversación en el Museo Nacional de Colombia El nombre de Miguel Ángel Díaz - 1952 (otro afectado por el atorrante e ignorante gobierno actual) está estrechamente vinculado al Museo Nacional de Colombia. Díaz fue un destacado líder sindical y trabajador de Colcultura (la entidad antecesora del Ministerio de Cultura). Víctima de desaparición forzada. En su honor, y tras acuerdos con sus familiares, se creó un espacio de memoria y un jardín conmemorativo dentro de las instalaciones del museo. Como parte de esta intervención gubernamental, se alteró el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, retirando entre otras cosas un microperforado de su jardín conmemorativo e intentando modificar el nombre de dicho recinto sin consultar previamente a sus familiares. Miguel Ángel Díaz Martínez (c. 1952 – desaparecido el 5 de septiembre de 1984) fue un trabajador de Colcultura (Instituto Colombiano de Cultura, antecesor del Ministerio de Cultura), dirigente sindical, militante del Partido Comunista Colombiano (PCC) y uno de los promotores de la Unión Patriótica (UP). Fue víctima de desaparición forzada en Puerto Boyacá, en un hecho que se sitúa al inicio del exterminio sistemático contra militantes de la UP y otras corrientes de izquierda. Se vinculó al PCC desde 1968 e hizo parte de su Comité Ejecutivo Regional. Contribuyó a la formación de la Unión Patriótica como frente político para buscar una salida negociada al conflicto. Contrajo matrimonio el 30 de junio de 1973 con Gloria María Mansilla (también militante del PCC y cofundadora de Sintracultura). Tuvieron tres hijas: Ángela Ivette, Luisa Fernanda y Juliana Díaz Mansilla. Gloria y las hijas han mantenido durante décadas la búsqueda de verdad, justicia y memoria. El 4 de septiembre de 1984 viajó con Faustino López Guerrero a Puerto Boyacá (entonces bajo fuerte control paramilitar y conocida como “capital antisubversiva”) para asuntos relacionados con una propiedad del partido. El 5 de septiembre, al salir de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, fue introducido a la fuerza en un automóvil Renault blanco escoltado por el detective rural del DAS Jorge Luis Barrero. Faustino López también fue capturado. Desde entonces ambos están desaparecidos. El caso involucró agentes estatales (al menos el DAS) con presunta participación o complicidad de miembros del Ejército y la Policía, en el marco del paramilitarismo de la zona. Es considerado uno de los primeros desaparecidos del genocidio contra la UP. La familia enfrentó despidos posteriores de Díaz (incluso por “abandono de cargo” a pesar de la denuncia de desaparición), dificultades económicas, amenazas, mudanzas constantes, pérdida parcial de vivienda y exilio parcial. Gloria Mansilla se vinculó a ASFADDES y otras organizaciones de familiares; la familia ha intervenido en procesos judiciales, incluido el caso de militantes de la Unión Patriótica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció responsabilidades del Estado por acción, omisión y connivencia. El 12 de septiembre de 2024, en la conmemoración de los 40 años, el Ministerio de Cultura lo reconoció oficialmente por primera vez como trabajador de Colcultura desaparecido por el Estado. Tras acuerdos con la familia, en 2024 se creó un espacio de memoria y un jardín conmemorativo en las instalaciones vinculadas al Museo Nacional y al Ministerio de Cultura (en recintos donde él mismo había trabajado y donde se hacían asambleas sindicales). Incluía un microperforado o elemento visual con su imagen y memoria. El recinto fue designado con su nombre como forma de reparación simbólica. En octubre de 2026, en el marco de la política del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella (que habló de “contrarrevolución cultural” y de retirar lo que calificó como “oda al terrorismo”), el Ministerio de las Culturas ordenó el retiro de más de 30 piezas de exposiciones permanentes del Museo Nacional (principalmente de la sala “Hacer Sociedad”). Estas estaban vinculadas a movimientos LGBTIQ+, feminismo, figuras asesinadas de la UP como Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, procesos de paz y la Constitución de 1991. Como parte de estas intervenciones se alteró el espacio y jardín dedicado a Miguel Ángel Díaz: se retiró el microperforado de su memoria y se intentó modificar la denominación del recinto sin consulta previa a la familia, según denuncias públicas y el propio interés de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría solicitó a la ministra Paola Holguín explicaciones sobre las piezas retiradas en general y, específicamente, si se modificó el nombre del espacio de Díaz, los motivos y si se informó o consultó a los familiares, recordando los acuerdos previos. Un juez de Bogotá (Juzgado 24 de Familia) ordenó proteger y custodiar las piezas retiradas (incluyendo las del jardín de Díaz), elaborar inventario detallado en 24 horas y abstenerse de nuevas intervenciones sin acto administrativo que las justifique. Hubo protestas ciudadanas frente al museo. La historia de Miguel Ángel Díaz condensa tanto la violencia política de los años 80 (desaparición forzada como método de eliminación de opositores) como las tensiones actuales sobre qué memoria se exhibe en espacios públicos. Su caso sigue siendo un vacío familiar y un ejemplo documentado de los patrones de violencia estatal y paramilitar contra la UP, con reconocimiento parcial del Estado décadas después y disputas recientes sobre la preservación de su homenaje.