La visión de mi amigo el abogado Villegas Partido en dos. Esta semana no sé sobre qué escribir. No porque me falten asuntos, sino porque me sobran; y porque dos de ellos me golpean con idéntica fuerza: de un lado, César Jáuregui, mi amigo, un hombre de excepcional inteligencia, capacidad, integridad y lealtad; del otro, Diana, mi esposa, una mujer extraordinaria, una magistrada ejemplar, víctima de una decisión administrativa que considero tan arbitraria como infame. Estoy partido en dos; dividido entre dos indignaciones, dos agravios y una misma convicción: en Chihuahua, el ejercicio del poder está alcanzando extremos que deberían avergonzar a quienes todavía conservan alguna noción de decencia. Conozco a César desde hace muchos años. Conozco su inteligencia, su capacidad de trabajo, su integridad y esa lealtad suya que, en ocasiones, pareciera no conocer límites; pocos hombres han puesto tanto talento, esfuerzo y prestigio al servicio de María Eugenia Campos. César la acompañó cuando las cosas se pusieron difíciles, asumió responsabilidades cuando otros se escondían y la defendió cuando su futuro político pendía de un hilo; lo sé porque yo también estuve ahí, en primerísima fila. Por eso su detención, el sábado pasado, me parece un acto de vileza, mezquindad e ingratitud de proporciones difíciles de describir, porque considero que la actuación penal debe examinarse en el contexto de una confrontación política que tiene como telón de fondo la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua. César aspira legítimamente a esa candidatura; Santiago de la Peña no, pues su aspiración tiene un solo origen: su cercanía con la gobernadora; y tengo la certeza de que la detención del primero favorece clara y objetivamente las aspiraciones del segundo. ¿Coincidencia? En política no existen. En ese sentido, sostengo que no estamos frente a una investigación penal seria, sino frente a la utilización de un aparato institucional para interferir en una competencia política; una cosa es investigar delitos y otra, muy distinta, servirse del aparato penal para eliminar adversarios; la primera constituye una obligación del Estado; la segunda, un atentado contra la democracia. No obstante, existe todavía algo más grave: César fue fiscal general del Estado; durante su gestión enfrentó a organizaciones criminales y contribuyó al encarcelamiento de personas que podrían encontrarse en los mismos establecimientos penitenciarios a los que pretenden enviarlo. ¿Alguien se ha detenido a pensar en lo que eso significa? ¿En los riesgos para su vida, su integridad física y su seguridad? ¿Acaso la urgencia de encarcelarlo es tan grande que esas consideraciones no pesan? María Eugenia Campos debería comprenderlo mejor que nadie; ella sabe lo que significa enfrentar procedimientos judiciales; sabe lo que es necesitar una defensa, y sabe perfectamente quiénes estuvieron a su lado cuando las circunstancias le fueron adversas, entre ello, en primerísimo, César Jáuregui. Ésta es una felonía. Lo mínimo que puede exigírsele es que asuma su responsabilidad política. Por lo pronto, expreso mi juicio moral: hay ingratitudes que revelan una miseria humana verdaderamente sobrecogedora, es el caso. María Eugenia ha cometido una de las traiciones más viles, mezquinas y ruines de que yo, en treinta y tantos años de carrera pública, he sido testigo.